La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, alertó sobre la grave situación migratoria irregular que persiste en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que, por su ubicación geoestratégica, se convierte en una opción que las redes criminales utilizan para el tránsito, tráfico y trata de personas, evitando el cruce por el Tapón del Darién y los riesgos que este implica.

De acuerdo con la jefa del Ministerio Público, el contexto geográfico y turístico del archipiélago, es utilizado como factor para la migración irregular a través de paquetes promocionales, en embarcaciones que violan condiciones mínimas de seguridad y la normatividad marítima vigente, con riesgo de naufragios.

Dijo la funcionaria que esta ruta es un puente para llegar más rápido a países como Nicaragua, para luego continuar a México y terminar como destino final a Estados Unidos. 

También refirió las cifras de Migración Colombia que registran a Venezuela, Uzbekistan y recientemente ciudadanos de China, Vietnam, Serbia, Nepal, Bielorrusia y Bosnia, como principales nacionalidades de migrantes que utilizan esta ruta ilegal.

Ante este panorama, la procuradora Cabello hizo un llamado a la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCCRE y a Migración Colombia para la articulación e interoperabilidad que permita confirmar en tiempo real la información de turistas. 

Desde el archipiélago, Cabello exhortó al sector hotelero, para el reporte de las empresas de turismo en los sistemas de información y a las aerolíneas, a fortalecer los controles de revisión e identificación de los visitantes al archipiélago. 

Pidió al Director Nacional de Migración Colombia, aumentar la capacidad de talento humano y considerar la implementación del sistema de reconocimiento biométrico para agilizar el control de ingreso a la isla.

La Procuradora instó a la Dirección de la DIJIN a iniciar macro proceso, para evitar que la isla se convierta en un segundo Tapón del Darién, por lo que se identifiquen las redes detrás del tráfico de personas, judicializarlas y capturarlas, para frenar la problemática agudizada por la lucha entre estructuras criminales organizadas que quieren consolidar sus redes y controlar las economías ilegales.