El ministro del Trabajo (e) Iván Daniel Jaramillo Jassir y la Procuradora Delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, se pronunciaron ante la imposibilidad de no lograr acuerdos en mesa de diálogo permanente, con las 13 organizaciones que adelantan una acción sindical en todas las sedes del país.

El ministro Jaramillo Jassir, explicó que no fue posible llegar a un acuerdo por imposibilidad económica y jurídica en el cumplimiento de la bonificación. “Hemos hecho todas las gestiones para su reconocimiento, pero existen causas que impiden esta petición”, dijo.

Por su parte la Procuradora Ojeda, explicó que la Procuraduría facilitó las instalaciones con el propósito de que el conflicto se supere y los funcionarios se vinculen a trabajar. 

En la mesa de diálogo, la procuradora expresó las recomendaciones desde esta entidad luego de conocido en detalle el caso: “El ministerio se comprometió a adelantar todas las gestiones para que se pueda en un momento dado conseguir la prima, pero ante esa imposibilidad jurídica y ante la situación coyuntural del tema fiscal donde hay austeridad decretada por el Gobierno nacional, es imposible que se estudie la viabilidad presupuestal”.

Señaló, que “en el caso de los empleados públicos no está prevista la huelga, está prohibida en el código sustantivo del trabajo”, y complementó que, “cuando hay un cese de actividades, cuando el empleado público no ejerce sus funciones, no hay pago”. 

La Procuraduría ha venido recomendando que dejen el cese de actividades porque están perjudicando gravemente el resto del país y muchas de esas quejas que le corresponde resolver a los inspectores de trabajo, la están trasladando a la Procuraduría General de la Nación”, dijo Ojeda.

El funcionario del ministerio explicó, que esta entidad reconoce el espacio de diálogo motivado por el Ministerio Público para la búsqueda de soluciones inmediatas al conflicto laboral y al levantamiento del cese de actividades. Finalmente, Jaramillo reafirmó que sigue manteniendo la voluntad política para resolver los conflictos laborales y sindicales, de conformidad con la ley, y los derechos de los trabajadores.