La ministra de Salud, Diana Carolina Corcho, explicó cómo funcionan los mecanismos financieros del sector y cuáles son los problemas estructurales que presentan y ponen en riesgo la prestación del servicio. 

Señaló que lo que se viene adelantando para solventar la situación, con miras a una transformación del sistema. “La Unidad de Pago por Capitación, UPC, es un cálculo que se hace con respecto al último trimestre, el comportamiento de las frecuencias de uso hacia el último trimestre. Justamente hoy estamos terminando la discusión. 

En un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado dijo que: “Haría mal estar haciendo planteamientos, nuevamente, sobre discusiones que en este momento estamos haciendo con Hacienda; pero tengan la certeza que el sistema no va a tener ninguna desfinanciación”, indicó la ministra. 

Recordó que el Ministerio de Salud emite un acto administrativo en diciembre por medio del cual se determina el cálculo de la UPC, y que el Estado es el real asegurador, por ser el que aporta la UPC bajo el principio de aseguramiento social. 

Este último concepto es el mecanismo de financiación público, que se adoptó hace tres décadas y que me parece que fue uno de los grandes avances del sistema y eso hay que mantenerlo. El aseguramiento social no está en cuestión aquí, lo que está en cuestión es de ahí, para allá, qué pasa; porque de ahí es donde tenemos las dificultades”. 

Parte de esos inconvenientes mencionados por Corcho, es que el cálculo se hace con el auto reporte que realizan las EPS del régimen contributivo y subsidiado, sin una auditoría que certifique que el servicio se prestó efectivamente. 

Problemas estructurales 
Dentro de las preocupaciones expuestas por la minsalud, está el hecho de que la UPC no tiene unos ajustadores por región que permitan la equidad del sistema de salud. “No hay un cálculo que compensen las inequidades de los territorios. En los territorios más dispersos son más costosas las atenciones de salud, porque es más costoso el transporte y es más costoso pagar un intensivista en el Guainía que en Bogotá; eso no lo tiene en cuenta la UPC”. 

Además, la Unidad de Pago por Capitación no cuenta con ajustadores e indicadores de incentivos a la prevención. “El sistema está diseñado para ser un barril sin fondo en donde se privilegia la enfermedad, el alto costo. Lo mejor que le puede pasar a una EAPB es que la gente esté enferma, porque factura más contra el Estado. Todo lo contrario a un seguro privado”. 

Precisamente, por el tema de la prevención, al final de su intervención ahondó en el programa preventivo y predictivo de atención primaria en salud, presentado recientemente en Aracataca (Magdalena), que se viene implementando en más de 200 municipios, con el fin de orientar el sistema hacia una transformación que beneficie su financiamiento y la calidad de vida de las personas. 

Dentro de su ponencia habló también de los Presupuestos Máximos, que “para 2023 está estimado en $3.8 billones extra al aumento de la UPC y estos son recursos extra al fondo de salvamento que tendrá que generar Hacienda para cubrir parte de la deuda del hueco fiscal que tiene el sistema”. De igual manera, desglosó cómo se ha adelantado el mecanismo de Punto Final Nación y Territorio, así como los Giros Directos, apuntando que en todo este proceso no puede ser un solo actor del sistema  las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud, EAPB, el que se encargue de todos los procedimientos que tiene este, como lo es contratar, facturar, pagar, cuando los recursos pueden llegar directamente a los prestadores y garantizar su sostenibilidad. 

“Es un problema estructural del sistema. Si tú no resuelves el problema estructural del sistema, el sistema es no financiable. Si el sistema no hace predicción, si el sistema no tiene unos mecanismos expeditos de control del sistema de información del gasto, el sistema es no financiable. Va a estar desfinanciado siempre”, dijo