La Superintendencia de Sociedades realizó la audiencia pública dentro del proceso de DMG Grupo Holding S.A. en liquidación judicial como medida de intervención, en la cual se resolvió el incidente de remoción promovido contra la agente interventora, iniciado el pasado 21 de junio.
 
El juez del concurso indicó, el desarrollo de la audiencia, que el objeto único de la diligencia era determinar si en la gestión de la interventora, en el trámite de las anotaciones hubo irregularidades de su parte que configuraran la causal de remoción alegada que consiste en “haber violado la ley”.
 
En un comunicado de la Supersociedades se indica que la audiencia resolvió negar la solicitud de remoción con fundamento en los siguientes argumentos:
 
La Superintendencia de Sociedades en los procesos de intervención judicial, ejerce funciones jurisdiccionales.
 
La competencia del juez de la intervención, en la audiencia celebrada los días 21 y 25 de octubre de 2022, se limitó a establecer si se configuraron las causales de remoción alegadas en el proceso judicial. Por mandato constitucional, el juez que conoce el proceso de intervención no tiene competencia para determinar la configuración de delitos o de sancionar disciplinariamente a la agente interventora.
 
De esta forma, de acuerdo con las pruebas que se encuentran en el expediente, se concluyó que, por los hechos señalados por el solicitante, no se configuraron las causales de remoción alegadas en el proceso judicial.
 
Actualmente, el proceso de intervención aludido se encuentra en etapa de adjudicación de un inventario adicional ya aprobado. Así mismo, se realizan actuaciones dirigidas a satisfacer las devoluciones pendientes de pago con bienes de los sujetos intervenidos.
 
En consecuencia, la Superintendencia de Sociedades continuará realizando las gestiones pertinentes para lograr que el proceso transite el camino más corto, en beneficio de los afectados y propendiendo por la eficiente y oportuna devolución de los recursos captados ilegalmente al público, siempre bajo los procedimientos establecidos en la Ley y el respeto de los derechos de todas las partes del proceso judicial.
 
Como se recordará DMG fue una captadora ilegal de dinero creada por David Murcia Guzmán, quien cumple condena por esos hechos. Además esta captadora demandó al Estado por $550 millones, procesos que cursan en el Consejo de Estado.