En las últimas horas el presidente Gustavo Petro impartió una directriz que expone medidas específicas para fortalecer la racionalización y la eficiencia del gasto público por parte de las entidades del Gobierno.
Una de las medidas está enfocada en optimización de recursos en la contratación pública, señalando que las entidades públicas solo podrán celebrar este tipo de contratos como apoyo y cuando sea estrictamente necesario.
"La necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales, entre otros, con las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo, que en ningún caso tendrá vocación de permanencia", expone el documento.
Del mismo modo, menciona que las empresas que manejen recursos públicos "están en la obligación de publicar en el SECOP los contratos que celebren y sus modificaciones, y también toda la información de la ejecución contractual, incluyendo los informes periódicos de interventorías y supervisión".
Por otra parte, dentro de la misma directriz se plantean medidas enfocadas en la reducción del uso de recursos públicos, créditos multilaterales o recursos de proyectos de inversión para la ejecución de eventos de publicidad o publicaciones de tipo promocional y se propone también que, los vehículos oficiales sean solamente asignados a funcionarios del nivel directivo con previa justificación, a funcionarios del nivel asesor (exepciones eventuales).
Sin embargo, ante lo anterior, el abogado Wilson Leal afirma que dicha decisión no afecta el ámbito local, teniendo en cuenta que la circular 08 de 2022, expone el interés de efectuar una instrucción a las autoridades públicas del orden nacional pero que no serían de implementación territorial.
"La directriz (...) no tiene alcance, ni podría tenerlo por razón de jerarquía jurídica, en el orden nacional y local y por ello, se trata de una invitación a esos ordenes administrativos a adoptar medidas análogas pero 'per se' esas disposiciones no son aplicables en lo local y en lo territorial".
Además precisó que, el documento establece una restricción para celebrar contratos de apoyo a la gestión más no los de prestación de servicios para limitar su número "haciendo una verificación de que el contratista no esté prestando ese mismo tipo de servicios a otras entidades".
Finalmente, indicó que dentro de la estructura jurídica del país, "las circulares son una fuente dudosa en su inserción" y que en la nueva directriz, según su concepto no hay novedad y se mantienen disposiciones anteriormente conocidas.
