Fiscalía acusó a cinco presuntos responsables por desplazamiento masivo en el Chocó
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Según la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, Bayron Alfredo Jiménez Castañeda, alias ‘Gordo Pepe’; Cecilio Moreno Arroyo y Luis Carlos Legarda Ruiz, presuntamente habrían adquirido ilegalmente las tierras de varios pobladores de la región para la siembra de palma africana y otras actividades agropecuarias en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento del Chocó.
La Fiscalía, a través de la Dirección de Justicia Transicional, profirió resolución de acusación en contra de Jiménez Castañeda, Moreno Arroyo y Legarda Ruiz, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica.
En igual sentido, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de Víctor Eduardo Nicholl Correa y Fabio Gil Mesa, por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Según la investigación, alias ‘Gordo Pepe’, con el aval de las estructuras paramilitares conocidas como Bloque Bananero, Elmer Cárdenas y Casa Castaño, habría generado el desplazamiento de varias familias en las cuencas rivereñas de Curvaradó y Jiguamiandó. De acuerdo con lo informado por otros comandantes de las autodefensas, Jiménez Castañeda, compró tierras para destinarlas a la siembra de palma en los territorios de protección especial.
Dentro de la investigación se ha demostrado la colaboración que prestaron los notarios y otros servidores públicos para que estas estructuras se apoderaran de manera ilegal de varias hectáreas de tierra, pertenecientes a las familias que habitaban sobre las rondas de las dos fuentes hídricas. En ese sentido, deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
En los últimos dos años, la Fiscalía ha emitido resolución de acusación contra nueve ganaderos, una comisionista, dos funcionarios del Incoder y tres notarios. Hasta el momento, seis personas enfrentan juicio y siete más están condenadas.