La Procuraduría General de la Nación lanzó un requerimiento preventivo dirigido a la Alcaldía Distrital de Cali para que implemente de manera inmediata acciones efectivas que aseguren la atención humanitaria integral de los hogares damnificados por el sismo del pasado 10 de agosto, los cuales continúan reportando barreras para acceder a los mecanismos de asistencia y recuperación del Estado.

La actuación preventiva del Ministerio Público se sustenta en los hallazgos de sus labores de seguimiento, que evidencian que numerosas familias caracterizadas siguen a la espera de su inclusión formal en el Registro Único de Damnificados, RUD. 

Asimismo, se detectaron inconsistencias en la clasificación de los inmuebles afectados, lo que restringe directamente el acceso de los ciudadanos a ayudas económicas, alojamiento temporal y otros apoyos estatales fundamentales.

De acuerdo con las indagaciones del ente de control, se encontró que hay:

Cerca de 4.000 familias reportadas en instrumentos territoriales permanecen a la espera de ser incorporadas en el registro nacional.

Una cantidad similar de solicitudes para actualizar el estado de habitabilidad de las viviendas no ha podido tramitarse debido a limitaciones operativas en la plataforma digital dispuesta para dicho proceso.

Advertencia del Ministerio Público

Ante esta situación, la Procuraduría solicitó a la administración distrital fortalecer de forma prioritaria las labores de asistencia humanitaria y asegurar un acompañamiento cercano a las familias que cumplen con los requisitos para acceder a subsidios de vivienda temporal. 

Adicionalmente, se exigió coordinar gestiones con las entidades competentes y entregar un informe detallado que especifique las medidas adoptadas para superar las barreras administrativas y tecnológicas actuales.

El órgano de control fue enfático al señalar que las fallas de tipo administrativo o técnico no pueden convertirse en un motivo para prolongar las condiciones de vulnerabilidad de los damnificados, por lo que mantendrá una vigilancia preventiva estricta para salvaguardar los derechos fundamentales de la población afectada.