El ex 'zar' anticorrupción y gestor de la Séptima Papeleta en Colombia, Óscar Ortiz, ha expresado su preocupación sobre un artículo en las actas de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN que podría abrir la puerta a una constituyente de manera oculta. En una entrevista con Econoticias, Ortiz detalló las implicaciones de este artículo y su potencial impacto en el ordenamiento jurídico del país.

Ortiz señaló que en las discusiones actuales en Caracas, se está considerando un documento que establece la "vinculatoriedad" de las decisiones tomadas en las instancias de participación del proceso de paz. Esto implicaría que lo acordado en estas instancias sería obligatorio para todas las ramas del poder público, incluyendo el ejecutivo, legislativo, judicial y los órganos de control, así como para las entidades territoriales y la planificación y ejecución gubernamental.

“Esto es un asalto a la buena fe y a la Constitución misma”, afirmó Ortiz. Resaltó que, a diferencia del proceso de paz con las FARC, donde las decisiones pasaron por el Congreso, en este caso, las decisiones podrían tener fuerza constitucional sin la aprobación del legislativo ni el conocimiento del público.

Ortiz criticó la falta de transparencia y la rapidez con la que se ha tratado de introducir esta disposición, sin dar tiempo suficiente a la ciudadanía ni a los propios participantes del proceso para reaccionar. Enfatizó que un proceso tan significativo no debería ser decidido de manera unilateral y sin el respaldo del pueblo colombiano.

Recordó que, durante el proceso de paz con las FARC, el acuerdo fue sometido a un plebiscito en octubre de 2016, donde fue rechazado por la ciudadanía, aunque posteriormente algunas de sus disposiciones fueron aprobadas por el Congreso. Contrariamente, en el caso actual con el ELN, las decisiones se están volviendo obligatorias desde el inicio del proceso, lo que Ortiz calificó como una "grave violación a la confianza pública".

Ortiz exhortó a estar atentos y posiblemente recurrir a instancias judiciales para evitar que este "asalto" se lleve a cabo. Advirtió que permitir que acuerdos de negociación se conviertan automáticamente en normas constitucionales sin pasar por los procedimientos democráticos establecidos sería un precedente peligroso para el país.

“El ELN no puede reemplazar al pueblo colombiano ni a nuestras instituciones”, concluyó Ortiz. Hizo un llamado a la vigilancia y la acción para garantizar que el proceso de paz no se convierta en un medio para imponer cambios constitucionales de manera antidemocrática y sin el respaldo de la ciudadanía.