La Comisión Nacional de Vigilancia Electoral tuvo en cuenta el último informe con corte el pasado 24 de abril, teniendo en cuenta que en la Procuraduría General de la Nación hay 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación, entre ellos se destacan dos indagaciones y siete investigaciones contra alcaldes del país.

A la fecha la Procuraduría tiene en proceso cuatro indagaciones preliminares contra los alcaldes de Ibagué y Cartagena, el gobernador de Vichada y concejales de San Vicente de Chucurí, Santander; y 9 aperturas de investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales, y de los municipios de Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno, Cundinamarca, y Mogotes, Santander; y concejales de Bogotá y Calarcá, Quindío, por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo.

De las 1.825 quejas electorales registradas sectorizadas en 14 categorías, los datos arrojan que los errores más comunes fueron los relacionados con la inscripción de cédulas, los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores; fallas en indicaciones de los puestos de votación y los clasificados como varios.

De acuerdo con la información suministrada, en ente de control ha evaluado el 65,15% de las quejas, equivalente a 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en la mayoría de los casos fueron fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y quejas anónimas sin validez alguna que permitiera investigar lo sucedido; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación.

Por otra parte, la Procuraduría se encuentra investigando, si la Registraduría Nacional del Estado Civil tenía herramientas para asegurar el funcionamiento del programa, los requerimientos técnicos para la utilización, y los controles y pruebas hechos para minimizar riesgos de inconvenientes tecnológicos en las elecciones del pasado 13 de marzo.

Finalmente, la procuraduría mencionó su compromiso de llevar a cabo las labores preventivas de procesamiento, análisis y resolución de inconsistencias en el menor tiempo posible y con resultados sustentados con pruebas, con el fin de brindar garantías electorales a la ciudadanía.