Con 36 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $5.292 millones, 29 de carácter disciplinario y 2 con solicitud de indagación preliminar finalizó una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República a la gestión adelantada por el Banco Agrario, entre el 1 de enero 2019 y el 30 de junio de 2021, respecto a los subsidios de vivienda de interés social rural otorgados hasta el 2017. 

El organismo de control emitió un concepto adverso sobre esta gestión del Banco, en cuanto a la atención del rezago de subsidios pendientes de ejecución entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021. 

Para la Contraloría, no es conforme el cumplimiento por parte del Banco Agrario como otorgante de estos subsidios y los demás actores involucrados en el programa (gerencias integrales, oferentes, contratistas, interventores y supervisores), respecto a la atención de tal rezago. 

También hay no conformidad sobre la verificación de los parámetros (o requisitos) de los hogares beneficiarios de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural otorgados hasta 2017, que fueron reemplazados o retirados por el Banco, en el período de enero de 2019 a junio de 2021. 

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El Banco ha realizado el retiro de los beneficiarios de forma unilateral, mediante acto administrativo, sustentado en evitar la afectación de los ciudadanos para que puedan volver a postularse a programas y para la depuración de la base de datos, sin considerar que el derecho fundamental a una vivienda digna, les había sido reconocido por el Estado. 

Para la Contraloría, con esta acción se afecta al ciudadano, por causas endilgables al Banco, por cuanto las situaciones ocurridas obedecen a incumplimiento de los contratistas ejecutores de obra y de las interventorías, y a la presentación errada de los proyectos por parte de los oferentes, los cuales fueron avalados por las gerencias integrales o por el Banco, en su momento, sin evidenciar que se encontraban desfinanciados. 

La Contraloría verificó también la estructuración de proyectos en predios no aptos para la construcción de vivienda; incertidumbre respecto a la titularidad de los lotes; la entrega de las viviendas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos conforme a los tipos definido y cantidades de obra ejecutada y pagada menor a la contratada. 

De igual forma, se evidenció incumplimiento en los tiempos dispuestos para la evaluación y subsanación de los proyectos, que en muchos casos excedieron más de un año, lo que generó retrasos en la construcción de las viviendas y el consecuente desfinanciamiento de los proyectos por el alza de los precios en el transporte y materiales, según indican los operadores. 

Además, el Banco no realiza un seguimiento respecto al uso habitacional de las viviendas, por cuanto habiendo sido entregadas y estando sin protocolizar la propiedad, en algunos casos, los beneficiarios están haciendo uso con propósito comercial, a través de arrendamientos y utilizándolas para depósito de madera, sin que se adopten, por parte del Banco, las acciones pertinentes para el reintegro del subsidio. 

La CGR consideró que hay pasividad del Banco, y de las entidades vinculadas al programa, en la interposición de acciones administrativas y judiciales, tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las gerencias integrales y de los ejecutores de obra e interventoría. 

Así mismo, se determinó que reclamaciones ante las compañías de seguros se realizaron de forma tardía, por cuanto en la mayoría de los casos se encontraban vencidas las coberturas de las garantías, lo que repercute aún más en el riesgo de pérdida de los recursos públicos que fueron desembolsados a las gerencias integrales, y de éstas, como anticipos en los contratos de obra.