Tres años después del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, hechos que ocurrieron el 17 de enero de 2019 alrededor de las 9:30 de la mañana que dejaron 22 estudiantes fallecidos y cerca de 80 personas heridas posteriormente de que un carro bomba ingresara a la institución y detonara la carga explosiva.

José Aldemar Rojas Rodríguez, fue dado por las autoridades como autor material de los hechos, al haber ingresado a las instalaciones de la escuela en una camioneta Nissan Patrol con cerca de 80 kilos de pentolita y quien también fue señalado de ser un miembro del ELN, guerrilla a la que el propio presidente Iván Duque finalmente le atribuyó el atentado.

Ricardo Carvajal, según las autoridades fue otro de los implicados en el atentando y quien posteriormente fue capturado. Según investigaciones, la interceptación de una llamada fue la prueba principal que evidenciaba la responsabilidad de Carvajal en los hechos, al ser presuntamente quien alquiló y pagó el arriendo de la bodega donde se armó el carro bomba que estalló un jueves en horas de la mañana.

Los familiares de las víctimas continúan con la incógnita de lo sucedido en el atentado. A la fecha, y posteriormente del atentado el 17 de enero, las autoridades todavía no han dictado la sentencia a Ricardo Carvajal, como principal persona responsable de los hechos y quien tendría que responder a los cargos por delitos como terrorismo agravado, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y uso de material privativo de las Fuerzas Militares.

En los próximos días, un juez especializado determinará si condena o absuelve a Carvajal como presunto responsable y primer sospechoso que fue capturado. Por otra parte, la Procuraduría y la Fiscalía han solicitado que se aplique la máxima pena de 60 años de prisión al presunto implicado. 

Por el momento, las familias de las víctimas también adelantan la solicitud sobre una indemnización, argumentando que el Estado no garantizó la seguridad de los cadetes fallecidos por una aparente negligencia en la Escuela de Cadetes. El 31 de enero y el 16 de marzo fueron las fechas establecidas para esclarecer las investigaciones.