El Consejo de Estado lleva más de cinco años debatiendo si las normas expedidas por el Gobierno Nacional que le dieron vida al uso del Fracking en Colombia están a favor o en contra del medio ambiente y la salud de los ciudadanos cafeteros.

Tanto debate ha generado que este debate al igual que el aborto en la Corte Constitucional, se han presentado unos recursos judiciales los cuales han detenido dichas discusiones, entre nulidades, recusaciones e impedimentos de magistrados. Se espera que para este 2022, después de tanto debate, se logre conocer la decisión final del alto tribunal.

Antes de terminar su periodo en esa corporación, magistrado Ramiro Pazos, intentó acelerar el caso. Allí presentó una ponencia que tumbaba las normativas, pero el proyecto no obtuvo las mayorías en la sala en mayo del año inmediatamente anterior.

Posteriormente, ese debate pasó al magistrado Jaime Rodríguez, quien reemplazó a Pazos, y su trabajo tuvo que estudiar nuevamente todo el expediente y presentar una nueva ponencia que a la fecha la sala la tiene en consideración.

El Consejo de Estado promete acelerar el tema durante el primer semestre del 2022. Aunque se han presentado siete salas en la discusión de la nueva ponencia, a partir del próximo 11 de enero, la rama judicial volverá a sus labores después de la temporada de fin de año.

Otra discusión pendiente tiene que ver con la demanda que pide sacar al exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de la junta directiva del Banco de la República. El Consejo de Estado tiene que decidir si traslada ese caso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca después de recibir peticiones en ese sentido de la procuradora, Margarita Cabello.

La demanda interpuesta por el ciudadano Joan Sebastián Moreno, advirtió que supuestamente con la elección de Carrasquilla se estaría violando la ley de cuotas de género que exige la participación del 30% de las mujeres en altos cargos del Estado.

Además, este año el Consejo de Estado decidirá sobre el recurso que interpuso la multinacional brasilera Odebrecht, con el cual busca tumbar la millonaria condena en su contra como indemnización al país, por los hechos de corrupción relacionados a las obras viales.

Finalmente, en medio de esa discusión, el Alto Tribunal deberá decidir si absuelve o no a la sociedad CSS Constructores S.A que resultó envuelta en la condena por tener una participación accionaria del 4.99% en la sociedad concesionaria Ruta del Sol S.A.S.