El Plan establece siete prioridades con objetivos y estrategias muy puntuales que incluyen la prevención del delito, la reducción del homicidio, de violencias basadas en género y de participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales.

La sanción penal será la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales.

El Consejo Superior de Política Criminal aprobó la hoja de ruta con la que contará el Estado en los próximos cuatro años para enfrentar la criminalidad en todo el territorio nacional, proteger los derechos de los colombianos, fortalecer la legitimidad y afianzar la confianza ciudadana en las instituciones.

Este derrotero, contenido en el Plan Nacional de Política Criminal, establece siete prioridades con objetivos y estrategias muy puntuales. Entre ellas, la prevención del delito y reducción del homicidio, la prevención de violencias basadas en género, la disrupción del crimen organizado, la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales.

“El nuevo Plan Nacional de Política Criminal plantea un enfoque territorial, diferencial, restaurativo y focalizado, con el cual fortaleceremos la lucha contra el crimen organizado en nuestro país”, afirmó el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz.

El Plan es fruto de un proceso de construcción iniciado hace dos años, que incluyó más de un centenar de reuniones de trabajo articulado y coordinado con todas las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal, las cuales incluyen a la Rama Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional.

De esta forma, se construyó una política criminal coherente, racional y garante de los derechos humanos que, además, imprime una visión real de la situación del país para prevenir el delito y reconstruir los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa y la resocialización.

Todos los lineamientos, acciones y actividades contenidos en el Plan atienden e integran enfoques transversales, partiendo de la base de que la sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales.

Prioridades:

1. Prevención del delito y reducción del homicidio.

2. La prevención de violencias basadas en género.

3. La disrupción del crimen organizado.

4. La prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales.

5. La humanización del sistema carcelario.

6. La modernización de la acción estatal para combatir el crimen.

7. La lucha contra la captura del Estado y la corrupción.