Keralty SAS, interpuso una denuncia penal contra el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, por la intervención ordenada por el funcionario contra la EPS Sanitas.

El abogado de la multinacional española, Juan David Riveros, argumentó que el Superintendente estaba inhabilitado para conocer cualquier asunto relacionado con EPS Sanitas debido a sus comentarios y posiciones previas que demuestran su animadversión hacia la EPS.

Según Riveros, la intervención de la SuperSalud en Sanitas no solo es ilegal, sino también arbitraria, desproporcionada y discriminatoria. En respuesta, Keralty tiene la intención de emprender acciones legales para recuperar la administración de la EPS y evitar daños a sus usuarios.

“Cuando se enfrenta a una acción arbitraria, hay muchas medidas que se pueden tomar para mitigar los efectos negativos que produce. Además de la denuncia penal, presentaremos litigios administrativos, acciones constitucionales y demandas civiles para buscar compensación por los daños causados por esta situación”, explicó Riveros.

Keralty planea elevar la queja al Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos y presentarla ante las Naciones Unidas para generar conciencia a nivel internacional.

Riveros reveló que los inversores extranjeros de Keralty remitieron una carta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para notificar formalmente una “declaración de disputa en el marco de los tratados internacionales de protección de la inversión”. Esto demuestra el compromiso de Keralty de presionar por una resolución a nivel internacional para recuperar el control de Sanitas.

Entre los argumentos esbozados por Riveros, el superintendente, Luis Carlos Leal, debería haberse recusado del proceso de toma de decisiones debido a declaraciones previas realizadas en redes sociales en contra de EPS Sanitas.

La motivación proporcionada para la intervención en la EPS es falsa y no se corresponde con la realidad, según Keralty.

Se tomaron decisiones que no están en línea con los marcos legales existentes. Una de estas decisiones fue privar a los socios de EPS Sanitas de sus derechos de propiedad, que el Estado debería proteger.

Además de estas medidas legales, el abogado de Keralty presentó una recusación contra el Superintendente el 12 de abril por no haberse recusado a pesar de hacer declaraciones públicas “severas” contra la EPS.