Durante 2024, más de 113.158 personas víctimas del conflicto armado se beneficiaron de la Política de Gratuidad "Puedo Estudiar", con una inversión que supera los $138.356 millones. 

Esta iniciativa se ha convertido en la mayor inversión estatal destinada a garantizar el derecho a la educación de esta población, marcando un antes y un después en los procesos de reparación mediante el conocimiento.

A esto se suma el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado, que entre 2023 y 2024 benefició a 2.526 personas, permitiendo su ingreso y permanencia en programas de formación profesional, técnica y tecnológica de calidad en distintas regiones del país. En conjunto, estos esfuerzos representan una inversión total de $240.928 millones en favor de la educación como derecho y herramienta de transformación.

"Esta fecha emblemática para la memoria histórica de nuestro país es propicia para reafirmar el compromiso del Gobierno del Cambio con la reparación integral de las víctimas a través de la educación como herramienta transformadora", señaló Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, quien destacó que el acceso a la educación representa una vía efectiva hacia la reconciliación.

Infraestructura

El compromiso del Gobierno también se refleja en la ampliación de la infraestructura educativa en territorios históricamente golpeados por la violencia. Regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó, entre otras, hoy cuentan con nuevas obras y espacios educativos dignos que apoyan la permanencia y la graduación de miles de jóvenes víctimas, garantizando condiciones de calidad para su formación.

El mensaje del Gobierno a las víctimas del conflicto se basa en que la verdadera reparación integral se construye garantizando derechos fundamentales como la educación.