La defensora del Pueblo, Iris Marín pidió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo una reunión para poner en marcha de forma conjunta una estrategia de respuesta inmediata a las atenciones, a través de puestos de mando unificado en salud, con capacidad resolutiva, en regiones del país que se pueden priorizar en función de los hechos que vulneran el derecho a la salud. 

En carta enviada a Jaramillo, la señora Marín sostiene que si bien desde 2010 el derecho a la salud es el que más quejas presenta ante la Defensoría del Pueblo, el crecimiento de las mismas se aceleró entre 2023 y 2024, y “hemos observado que, en lo corrido del 2025, se presenta un agravamiento en el acceso a los servicios que afecta a las personas y lesiona el derecho a la salud”.

Señaló que durante este año, las quejas podrían duplicarse frente a las observadas en 2022, según los datos analizados por la Defensoría del Pueblo y concuerdan con el crecimiento de las peticiones, quejas y reclamos reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud y de las cifras de tutelas en salud notificadas por la Corte Constitucional.

A su vez, se han observado situaciones que generan preocupación, especialmente en el Sur de Bolívar, el Sur de Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño, en donde se han identificado las problemáticas más complejas, entre ellas:

Retrasos en la atención, representados en falta de oportunidad de programación de citas con especialistas, así como en la falta de acceso a servicios médicos esenciales. En estos primeros meses del año hemos recibido más de 2.040 quejas, una cifra mayor a la observada para el mismo período del 2022.

Falta de disponibilidad de medicamentos, representada en negaciones, entregas incompletas y falta de oportunidad que, solo entre enero y finales de febrero de 2025, aumentaron en un 30% con respecto a 2024 y el 67% con respecto tanto al 2023, como al 2022.

Falta de disponibilidad en los servicios en varios lugares del país, derivados de cierres completos, algunos temporales y otros definitivos. Según las cifras de la mesa de crisis de la salud -cuya fuente es el registro especial de prestadores de servicios de salud (REPS)-, estos ascenderían a 1200 en 2024, mayoritariamente de IPS privadas, que afectarían especialmente a regiones como Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y Atlántico. Sin embargo, por la relevancia de esta información, se pidió verificación de la misma al Ministerio de Salud y Protección Social.

Incumplimiento de las acciones de tutelas e incluso de los desacatos. Solo en Bogotá y Cundinamarca de 452 tutelas, se solicitaron 141 desacatos. Las tutelas por medicamentos y tecnologías médicas en el nivel nacional se habrían duplicado, comparadas con las cifras observadas en 2023.

Vigilancia

La Defensoría del Pueblo ha intensificado su labor en el nivel territorial con acciones de vigilancia, articulación institucional y gestión directa con las EPS, IPS y autoridades de salud que operan en las regiones, a través mesas de conciliación. Sin embargo, en varios de los territorios estas iniciativas han sido insuficientes para garantizar la oportunidad en las soluciones a los requerimientos de atención de las personas afectadas.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo considera que “existen circunstancias críticas que sufren las personas, frente a las que no se puede hacer caso omiso, que deben ser atendidas con urgencia a través de mecanismos excepcionales que den respuestas inmediatas a las necesidades de salud. 

“Entendemos que estas circunstancias también expresan una problemática de fondo del funcionamiento del sistema de salud que debe abordarse en los espacios democráticos de deliberación, para impulsar soluciones sostenibles en el largo plazo, en beneficio del bien común”, sostuvo Marín.

Dijo que para establecer con claridad la magnitud de la problemática será determinante contar con la información que se ha solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social, así como sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno nacional para solucionar estas situaciones, dijo la Defensora.

Simultáneamente, la entidad le presentará su concepto al Congreso sobre la reforma a la Salud que cursa en el órgano legislativo, con el interés de que se aborden los ajustes necesarios en el sistema de salud.