La Procuraduría General de la Nación, luego de identificar diversas inconsistencias en las versiones rendidas por comparecientes del Batallón 57 ´Mártires de Puerres´ y la Brigada 8, solicitó a la JEP implementar estrategias metodológicas adicionales que permitan una contrastación más precisa y detallada frente, al parecer, al manejo y uso indebido de gastos reservados y las presiones que ejercieron mandos superiores para que se presentaran resultados operacionales ilegítimos como bajas en combate, más conocidos como “Falsos Positivos“. 

La solicitud se hizo en el escrito de observaciones relacionadas con las versiones voluntarias de nueve comparecientes de la Fuerza Pública dentro del macrocaso 5, que investiga hechos victimizantes presuntamente cometidos por las unidades militares que operaban en 17 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Con respecto a los resultados operacionales ilegítimos, para el Ministerio Público, si bien, por una parte, varios comparecientes coincidieron en que sí existió una política de presión para obtenerlos, lo que conllevó a que ciertas unidades modificaran sus métodos operacionales para ajustarse a las expectativas impuestas desde la cadena de mando, otros señalaron haber privilegiado las desmovilizaciones y las capturas.

Frente al manejo y uso indebido de gastos reservados se advirtió que “La instrumentalización de redes de informantes, la manipulación de informes de inteligencia, la falsificación de documentos administrativos y la desviación de fondos de gastos reservados causaron  que algunos integrantes se dedicaran a actos delictivos dentro de la unidad militar cuyo propósito era aumentar de forma tangencial los resultados operacionales a través del asesinato de civiles”. 

Por la anterior, y a propósito de la necesidad de garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de los comparecientes, la Procuraduría solicitó se inspeccionen e incorporen los documentos operacionales, reportes de inteligencia y registros administrativos, que respalden y verifiquen las afirmaciones presentadas, fortaleciendo así el proceso de contrastación y la determinación de responsabilidades.

En el marco de la justicia restaurativa, solicitó considerar que las entidades competentes realicen la corrección de los registros militares en los que se reportaron a las víctimas como integrantes de grupos armados. Lo anterior con el fin de “restituir su memoria y su dignidad”.