La Procuraduría General de la Nación puso en marcha un riguroso monitoreo sobre los incrementos en las tarifas del gas en el país, con el objetivo de garantizar que, si son procedentes, los aumentos se realicen de manera justa, transparente y en estricto cumplimiento de la normativa vigente. 

El Ministerio Público solicitó a las autoridades competentes, adoptar las medidas necesarias que permitan proteger los derechos de los usuarios y garantizar que los aumentos tarifarios no afecten de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. 

El ente de control, además, hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía a revisar las políticas públicas que han derivado en el incremento de los precios al consumidor, y a proponer soluciones efectivas que mitiguen el impacto de estas alzas, asegurando la prestación eficiente del servicio.

De igual manera, pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fortalecer la supervisión y vigilancia de la legalidad de los incrementos tarifarios, y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, a tomar medidas urgentes en materia regulatoria, dada la coyuntura actual del país en cuanto al abastecimiento de gas. “Estas acciones deben estar orientadas a garantizar que los precios sean justos y razonables para la demanda esencial”.

También requirió a las empresas distribuidoras de gas natural que proporcionen información clara, detallada y oportuna sobre las razones que justifican los aumentos, así como sobre el impacto que estos tendrán en los consumidores. 

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación en su búsqueda de diálogo y consensos, continuará con la vigilancia preventiva y control de gestión frente a la garantía en la prestación oportuna, eficiente y eficaz del gas como servicio público domiciliario.