Más de 100 organizaciones sociales que protegen los derechos humanos de la población migrante, refugiada y desplazada en América Latina y el Caribe, tienen en riesgo su continuidad debido a las constantes amenazas, la estigmatización, xenofobia y falta de apoyo en recursos económicos, según lo informó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, en el marco del lanzamiento de la campaña regional Conecta por los Derechos.

La iniciativa -que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, tiene como objetivo visibilizar y reconocer el rol crucial de las personas defensoras de derechos humanos de población migrante y refugiada en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como contribuir a posicionar el tema en la agenda pública de cada país e invitar a que los Estados brinden todas las garantías de protección y apoyo a la labor que hacen estas personas y sus organizaciones.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, América Latina es la región del mundo más peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos en un contexto donde cada vez es más relevante su trabajo ante las diferentes crisis. Según la Comisión, la región enfrenta un aumento sostenido de los flujos migratorios, debido a factores como conflictos, violencias, crisis económicas, persecución política y la emergencia climática. 

Esta situación ha llevado al desplazamiento forzado, tanto interno como transfronterizo, de más de 23 millones de personas. Frente a esta crisis, las personas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos atienden las necesidades de acompañamiento, orientación y protección para enfrentar y superar las situaciones de discriminación, indiferencia y vulneraciones que estas personas experimentan durante su desplazamiento y en su búsqueda de reasentamiento o acogida en un nuevo territorio.

Según lo explicó Marco Romero Silva, director de CODHES, “la situación actual de las personas defensoras de derechos de población migrante y refugiada en el continente es muy difícil, muchas son estigmatizadas, amenazadas y cada vez hay menos recursos y apoyo a su trabajo. Sin ellas, los problemas que se viven en materia de migraciones y refugio serían aún más graves de lo que ya son, por tanto, es un momento crucial para que los Estados y la cooperación internacional valoren y apoyen su trabajo, aprovechando el diálogo político que se ha dado entorno al Plan de Acción de Chile 2024-2034 y la revisión regional del Pacto Mundial de Migraciones promovida por agencias de la ONU”.

De acuerdo con Informes de CODHES, hoy estas personas y organizaciones son objeto de amenazas debido a su labor y visibilidad en la defensa de los derechos, sin tener protección por parte de las autoridades, así como también carecen de documentación, monitoreo y apoyo adecuado.