La Superintendencia Nacional de Salud ha hecho uso de las medidas de las que dispone por Ley para la vigilancia, inspección y control de los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, con el objetivo de proteger los recursos para la salud de los colombianos. Además, la entidad de vigilancia, sigue avanzando en un sistema de salud que tenga como prioridad la salud como servicio público esencial obligatorio y un derecho de todos los colombianos.

Caso Coosalud

A partir de los presuntos hechos de corrupción informados en los medios de comunicación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó auditoría a la EPS Coosalud el día 25 de septiembre de 2024, cuyos hallazgos fueron reportados en el informe preliminar que se trasladó a la Fiscalía en octubre del mismo año.

Posteriormente La Supersalud en cabeza de Giovanny Rubiano y en el ejercicio de sus funciones de supervisión de los actores del sistema de salud, encontró evidencias para ordenar la intervención forzosa administrativa para administrar contra Coosalud EPS el 22 de noviembre de 2024, luego de hallar deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, las cuales han venido afectando significativamente la prestación de los servicios y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de sus afiliados.

Adicionalmente, el 6 de diciembre de 2024 la Supersalud alertó sobre la posible pérdida de más de 200 mil millones por parte de la EPS Coosalud, de acuerdo con el informe entregado por parte del equipo interventor el cual revela, entre otros, que en diciembre de 2022 Coosalud EPS sirvió como garante del contrato de crédito entre el Banco GNB Sudameris S.A. y la compañía Coosalud Inversa S.A., y que posteriormente, para noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito, activando cláusulas de aceleración para recuperar la obligación, la cual ascendía a más de $221 mil millones de pesos, incluyendo capital e intereses.

Según el informe, para el 20 de noviembre el banco GNB Sudameris anunció la posibilidad de usar recursos de fideicomisos relacionados con Coosalud para cubrir la deuda, lo que se concretó con la transferencia de $206 mil millones desde estos fondos.

El equipo interventor también pudo constatar que el representante legal de Coosalud EPS, Jaime González, durante la firma de dicho contrato, también ostentaba la representación legal de la empresa deudora. Finalmente, el informe resalta que los recursos comprometidos son públicos y, por lo tanto, están sujetos a un manejo estrictamente regulado.

“El informe de hallazgos presentado ante la Fiscalía General de la Nación plantean no sólo dudas sobre el manejo de los recursos para la salud de Coosalud EPS, sino una presunta desviación de recursos públicos que debe ser investigada y sancionada”, afirmó en su momento el Supersalud Rubiano García, durante las declaraciones ante los medios de comunicación del país el pasado 6 de diciembre.

Caso Fomag

La Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de sus funciones, ha realizado varias acciones de inspección y vigilancia con la Fiduprevisora, así:El 1 de abril de 2024 se citó a esta entidad y al Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de conocer el proceso de terminación del contrato entre las partes y, además, los aspectos relacionados con el nuevo modelo de atención, incluyendo la nueva contratación.

Ante la negativa de la entidad a presentar la información solicitada por esta Superintendencia y, en cumplimiento de las acciones de inspección y vigilancia, se realizaron distintas auditorías integrales para el período de mayo a diciembre de 2024 en sus distintas regionales a nivel nacional.

En el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia a la Ruta Materno Perinatal y Desnutrición en menores de 5 años, se expidió una resolución por la cual se imparten órdenes de inmediato cumplimiento a los actores del SGSSS en el departamento del Chocó.

Luego de realizar mesas de aseguramiento en salud y flujo de recursos en los Departamentos de La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda y Caldas y posterior a la realización de cada auditoría, se solicitó a la entidad presentar un plan de mejoramiento que registre las actividades suficientes para subsanar los hallazgos identificados y se realizó traslado de los incumplimientos a la Delegatura de Investigaciones Administrativas para las acciones de control que correspondan.

De igual manera, para la vigencia 2025, bajo cronograma y priorización de territorios, se continuará realizando auditorías a los diferentes actores responsables de la entrega de medicamentos como son los aseguradores y los proveedores de medicamentos. Además de continuar con las auditorías a las diferentes regionales para garantizar el derecho a la salud de la población afiliada al magisterio.