Petro suspende oficialmente diálogos con el ELN y retira reconocimientos de delegados y gestores de paz
Este lunes, el Gobierno de Gustavo Petro oficializó la suspensión de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mediante la publicación de tres resoluciones en el diario oficial. Las medidas incluyen la retirada del reconocimiento a los delegados de esa guerrilla y a ocho gestores de paz, tras los recientes ataques en Catatumbo que han dejado al menos 80 muertos y más de 46.000 desplazados.
El pasado 17 de enero, el proceso de paz iniciado en noviembre de 2022 sufrió su segunda suspensión, luego de una ofensiva del ELN en Catatumbo que afectó gravemente a la población civil. La primera interrupción ocurrió en septiembre de 2024, tras un atentado contra una base militar en Arauca.
En una de las resoluciones, el Gobierno señala que, pese a los avances logrados en la mesa de negociación, 'diversos eventos han debilitado los diálogos de carácter político'. Además, se menciona que, desde el 16 de enero, el ELN ha intensificado sus acciones militares en distintas regiones del país, violando normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por esta razón, se instruyó al Consejero Comisionado de Paz para comunicar la decisión a las autoridades competentes.
Otra resolución retira el reconocimiento oficial a 31 delegados del ELN, entre ellos Pablo Beltrán, Antonio García, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez y Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'. En paralelo, la Fiscalía General reactivó las órdenes de captura contra estos mismos delegados, argumentando el incumplimiento de las condiciones que justificaban la suspensión de dichas órdenes y la comisión de nuevos delitos. La fiscal Angélica Camargo Garzón destacó que esta decisión se fundamenta en la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que permite a las autoridades revocar medidas excepcionales cuando se demuestra reincidencia o incumplimiento.
Finalmente, una tercera resolución revoca la designación de ocho gestores de paz, entre ellos Violeta Arango, conocida por su vinculación al atentado del centro comercial Andino en 2017, y Jairo Arruigui Guenis. La figura de gestores de paz, creada bajo la Ley 418 de 1997 y modificada por la Ley 2272 de 2022, permitía que personas privadas de la libertad desempeñaran roles clave en procesos humanitarios o de acercamiento. Sin embargo, tras los recientes hechos de violencia, el Gobierno decidió retirar estas designaciones.
Estas medidas representan un nuevo capítulo de incertidumbre en el proceso de paz con el ELN, marcado por constantes interrupciones debido a la escalada de violencia. Mientras tanto, las comunidades afectadas en regiones como Catatumbo siguen exigiendo soluciones urgentes que garanticen su seguridad y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario.
