El Gobierno a través de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, avanza en la estructuración de nuevos marcos tarifarios, es decir, en la actualización de los criterios con los que se fijarán a futuro los cobros por los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

La Directora Ejecutiva de la CRA, Nelly Mogollón Montañez, quien lidera los talleres regulatorios para actualizar los marcos tarifarios, explicó que el propósito de este ejercicio es poner a los usuarios y usuarias en el centro de la regulación y garantizarles mejor calidad y cobertura en estos servicios.

La directiva dijo que la CRA y las entidades representadas en ella han puesto “el pié en el acelerador” para que este proceso se surta en los próximos meses y se ha estructurado un cronograma de trabajo en el que la participación ciudadana y los aportes de pequeños prestadores van ser factores clave en la construcción de la nueva normativa.

“Los talleres son un ejercicio de construcción colectiva en el que participan los ministerios de Vivienda, de Salud y Protección Social, Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Estas entidades aportan, desde sus competencias, insumos para la construcción de los marcos tarifarios”.

Tarifas justas

En las sesiones de los talleres regulatorios que se están adelantando, se ratificó el concepto de tarifas justas, como uno de los pilares para establecer los marcos sobre los cuales se cobrará por el uso de los servicios públicos.

Las deliberaciones se desarrollan con base en estudios elaborados por equipos técnicos que aportan datos relevantes sobre las condiciones en que operan los prestadores de acueducto, aseo y alcantarillado y las necesidades de las comunidades en los territorios.

El espíritu de la nueva política regulatoria es incluir a los gestores y a las organizaciones comunitarias que vienen supliendo la prestación de los servicios públicos y tomar en cuenta sus aportes para la elaboración de una nueva normativa.

Por ley los marcos tarifarios deben ser revisados por la comisión cada cinco años y analizar los cambios pertinentes y necesarios para garantizar tarifas más justas en mejores condiciones de calidad y continuidad.