La Corte Constitucional abrió incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo por incumplir con las órdenes relacionadas con la suficiencia de los presupuestos máximos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La decisión fue adoptada a través del Auto 2049 del 13 de diciembre de 2024, emitido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, en el marco de un seguimiento a las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de dicha sentencia.

Entre las fallas detectadas por la Corte se destaca que no se han girado los $819 mil millones reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos correspondientes a la vigencia de 2022. 

A pesar de la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, para que los recursos fueran cancelados con cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación de 2024, el Ministerio de Hacienda no ha realizado la transferencia de los fondos, lo que impide el cumplimiento de lo dispuesto.

La Corte también señaló que no se ha creado la metodología unificada para la definición y reajuste de los presupuestos máximos, tal como lo ordenó el ordinal sexto del Auto 2881 de 2023, transcurridos más de seis meses desde la notificación.

Ante esta situación la Corte ordenó que, en un plazo de 48 horas a partir de la notificación del auto, el Ministro de Salud debe dar cumplimiento a las órdenes mencionadas.

El Auto de la Corte dice que el Ministerio de Salud ha omitido el deber de apropiar los recursos necesarios para garantizar la financiación de los servicios de salud, lo que representa un retroceso en el cumplimiento de las órdenes previas.

En consecuencia, la Corte ordenó al Ministerio de Salud el pago de los presupuestos máximos para los periodos de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024. Además, debe reconocer los presupuestos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2024 antes del 30 de enero de 2025, y garantizar el pago puntual de los presupuestos máximos de cada mes en 2025.

La Corte instó al Ministerio de Hacienda a transferir los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud cumpla con estos pagos. Destacó que las demoras en el pago y la falta de acción para superar la insuficiencia de recursos ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS y el derecho a la salud de los ciudadanos.

El magistrado Vladimir Fernández Andrade, salvó su voto.