Hallazgos fiscales por $47261 millones descubrió la Contraloría General de la República a raíz de presuntas irregularidades en la gestión de recursos del SENA y del Fondo Emprender. 

En un seguimiento de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social se realizó la revisión de los procesos relacionados con la contratación de los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC, y la gestión de recursos para emprendedores.

El resultado de la investigación muestra que el SENA incurrió en una “gestión fiscal antieconómica”, al revocar la licitación y optar por un contrato por urgencia manifiesta, lo que derivó en un detrimento patrimonial de $43660 millones. Este valor corresponde a la diferencia entre lo que se pagará por los servicios de TIC en el nuevo contrato y lo que hubiera costado si se hubiera adjudicado la licitación original.

El informe del ente de control indica que “Uno de los hallazgos más significativos se originó por la revocatoria de un proceso de licitación para la contratación de servicios TIC del SENA, que ya había avanzado hasta contar con una oferta habilitada para su adjudicación. Tras la cancelación de este proceso, la entidad firmó un contrato interadministrativo con Colombia Telecomunicaciones, por un valor de $210.228 millones, para garantizar la continuidad de los servicios hasta finales de 2023”.

Igualmente se estableció un detrimento patrimonial por $45733 millones.

La investigación se originó por una denuncia relacionada con la contratación derivada de una primera urgencia manifiesta, que se vinculó a la necesidad de garantizar la operación continua de los servicios TIC en el SENA.

Además se encontraron una serie de deficiencias en la gestión de recursos del Fondo Emprender del SENA. Este fondo, encargado de promover la creación de empresas y la generación de empleo a través de recursos asignados a emprendedores, presentó fallas graves en la recuperación de cartera. La Contraloría detectó una pérdida de recursos públicos por $3.6 millones, atribuida a una gestión inadecuada y la falta de acciones oportunas para recuperar los fondos que debían ser reembolsados por los beneficiarios.

La auditoría expuso que, en los casos en los que los planes de negocio no fueron condonados, el SENA no mostró la diligencia requerida para gestionar la recuperación de la cartera. Esto resultó en una falta de efectividad en el uso de los recursos públicos, con impactos negativos para los emprendedores beneficiados y el fondo mismo.

Adicionalmente se encontraron debilidades en la gestión general del SENA en relación con el Fondo Emprender. Esto incluyó el incumplimiento de requisitos técnicos y jurídicos en la formulación de proyectos, lo que podría poner en riesgo la inversión pública. También se identificaron problemas con la prescripción de pagarés, la demora en la expedición de resoluciones y la falta de seguimiento adecuado a los planes de negocio ya condonados.

Entre los hallazgos administrativos destacados, la Contraloría incluyó dieciséis observaciones de carácter disciplinario y dos de carácter fiscal. Estas irregularidades, sumadas a las ya mencionadas, elevan el total de los hallazgos fiscales a $47261 millones, lo que ha generado preocupación sobre la correcta administración de los recursos públicos en el SENA.