Luego de conocerse la orden de arresto de tres días y una multa de tres salarios mínimos contra el ministro de Salud y exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, por desacatar una orden de tutela relacionada con los riesgos del plaguicida clorpirifós, utilizado en agricultura y ganadería, el Ministerio de Salud respondió a la medida impuesta por un juez de Conocimiento de Bogotá. 

En un comunicado, la entidad aseguró que la decisión del Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá no se encuentra en firme, por lo que advirtió que la competencia para cumplir con el fallo de la Corte Constitucional es obligación exclusiva del Instituto Colombiano Agropecuario. 

“La orden fue cumplida en su totalidad por parte del ICA, con el apoyo de esta cartera ministerial, con la expedición de la Resolución No. 6365 del 06 de junio de 2023 “Por la cual se da cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia T-343 de 2022″, en la cual se adoptaron las siguientes medidas: (i) la suspensión inmediata de la comercialización en el territorio nacional de productos químicos de uso agrícola y pecuario que en su composición contengan Clorpirifós…”, menciona el comunicado.

Además, la cartera de Salud aseguró que “existe carencia actual de objeto por hecho superado”, reiterando que la entidad competente es el ICA y el Ministerio dio cumplimiento con lo ordenado en el fallo T-343 de 2022.

“Las entidades públicas solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculta, en virtud de lo cual, en el marco de sus funciones legales y reglamentarias, el Ministerio de Salud y Protección Social no puede realizar ninguna actuación administrativa adicional, ya que es un asunto de competencia del ICA”, se lee en el documento.

Dicho esto, el Ministerio de Salud y Protección social indicó que accederá al grado de consulta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con el fin de demostrar la improcedencia del incidente de desacato impuesto contra Guillermo Alfonso Jaramillo. 

Es de recordar que el fallo de la Corte Constitucional se dio luego de una acción de tutela presentada por Luis Domingo Gómez, quien en representación de su hija y otros menores de edad, pidió garantizar el derecho a la salud debido a los riesgos asociados con el clorpirifós.