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Procuraduría alerta sobre graves brechas en empleo y educación para personas con discapacidad

Las cifras revelan baja inclusión laboral en el sector público y solo un 17% de acceso a la educación superior en el país.
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dffe
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Tomada de Internet
4 Dic 2024 - 17:44 COT por Ecos del Combeima

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se resaltaron los grandes desafíos que aún enfrenta Colombia para garantizar una inclusión real de este grupo de la sociedad. Las cifras revelan desigualdades profundas: la tasa de participación laboral de las personas con discapacidad es de solo 23,5%, muy por debajo del 66,4% registrado a nivel general en el país, según el DANE.

El acceso a la educación superior también sigue siendo un reto, ya que solo el 17% de las personas con discapacidad logran acceder a programas universitarios, una tasa muy inferior a la de quienes no tienen discapacidad.

La entidad señala, que también preocupa la baja inclusión laboral en el sector público. A corte del 31 de octubre de 2024, solo el 0,85% de los empleados de planta y el 0,41% de los contratistas del Estado eran personas con discapacidad.

Avances y retos por delante

En cuanto a los esfuerzos para cerrar estas brechas, la Procuraduría destacó las 1.402 acciones judiciales y 90 preventivas llevadas a cabo en 2024 para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Entre estas, se incluyeron visitas a EPS, procesos de adjudicación de apoyos y revisión de sentencias que limitan la capacidad legal de algunas personas.

Además, se implementó un protocolo para garantizar una atención inclusiva y accesible en diversas instituciones, capacitando a funcionarios y ciudadanos sobre los derechos de las personas con discapacidad. También se han adaptado normas legales al sistema Braille, formatos de macrotipo y lengua de señas, facilitando el acceso a quienes tienen discapacidad visual o auditiva.

La entidad de control hizo un llamado al Gobierno para que reglamente la Ley 2418 de 2024, que establece que al menos el 7% de los empleos en el sector público deben ser ocupados por personas con discapacidad. Esta reglamentación será crucial para asegurar que el Estado sea un modelo de inclusión.