La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación instaron a los gobernadores y alcaldes del país a que incluyan procedimientos, proyectos y programas dirigidos a las víctimas del conflicto armado, en los Planes de Desarrollo Territorial -PDT-, que deben ser radicados antes del 15 de junio.

En carta enviada a las entidades territoriales, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, conformada por los organismos de control y tres representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, instó al diseño e implementación de estrategias colaborativas con las entidades nacionales del Sistema de Atención y Reparación Integral a Víctimas –SNARIV-, a  n de garantizar la salud e integridad de todos los ciudadanos, en especial de las víctimas del conflicto armado, quienes se han visto afectados por la situación de emergencia generada por el covid-19.

Para la Comisión de Seguimiento es indispensable disponer desde los niveles municipal y departamental, de garantías para la asignación de recursos y la participación efectiva de la población en este momento de formulación de instrumentos de planeación territorial, que permitan concretar acciones efectivas para que las víctimas superen su situación de vulnerabilidad y avancen en su proceso de reparación integral.

 Precisó que las entidades territoriales que no presentaron oportunamente sus PDT pueden ponerlos a consideración de las asambleas o concejos municipales hasta el 15 de junio de 2020, y aquellas que los entregaron antes del 30 de abril, pueden hacer modificaciones hasta el 15 de junio de 2020, de acuerdo a lo establecido en el Decreto presidencial No. 683 del 21 de mayo 2020.

 Finalmente, recordó que el PDT como instrumento de planificación debe orientar las acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales en pro del desarrollo del territorio, y que este momento es crucial para incluir los compromisos legales adquiridos con las víctimas del conflicto armado, para garantizar la defensa de sus derechos fundamentales durante los próximos cuatro años de gobierno.