La Comisión Intersectorial para la Reforma Agraria, el Desarrollo Rural y la Reforma Rural Integral sesionó por segunda vez. En esta instancia del Sistema Nacional de Reforma Agraria, se acordaron apuestas estratégicas y de territorialización de los respectivos subsistemas, que serán ejecutadas a través de acciones interinstitucionales e intersectoriales durante lo que resta del 2024 y el 2025.

En el espacio, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, participaron instituciones del Estado y representantes de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. 

Las apuestas trazadas están orientadas a mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, así como garantizar los derechos territoriales y los planes de vida de los trabajadores agrarios, las comunidades campesinas, pescadoras, ribereñas y anfibias, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y pueblo Rom. También, a proteger y promover sus economías propias y la producción de alimentos, a mitigar los efectos del cambio climático, y a consolidar la paz total con enfoque territorial, reconociendo las instancias de concertación de la Reforma Agraria y el desarrollo rural.

En la región Caribe y Magdalena Medio se impulsará la estrategia de Distritos Agrarios, que implementará mecanismos para la adquisición de tierras. Se concentrarán esfuerzos para cambiar los índices de tenencia de la tierra,  enfocados en las zonas con mayores niveles de concentración de predios improductivos o subutilizados.

Para la región Amazónica se fomentará un plan de estabilización, dirigido a contener la expansión de la frontera agrícola y ganadera, por medio de instrumentos de ordenamiento social, ambiental y económico del territorio. 

En la Orinoquía, especialmente en la zona de Altillanura, se impulsará el ordenamiento productivo, étnico y comunitario, a través de la transformación productiva, la industrialización del campo y la asociatividad.

Para el Archipiélago de San Andrés y Providencia se promoverán acciones en pro de la reconstrucción de la isla apostando a la agroecología. También se promocionarán políticas para proteger el sector pesquero, dando prioridad a la población raizal.

Para la región Andina serán prioridad las declaratorias de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, así como la asociatividad y la colocación masiva de créditos. Para que esta estrategia de seguridad jurídica garantice el derecho humano a la alimentación se focalizará la gestión de formalización de tierras, y el reconocimiento de sentencias de pertenencia y otros procesos agrarios.

En la región Pacífica se impulsarán los Territorios Interculturales para la Paz, a partir del reconocimiento de la coexistencia de grupos poblacionales diversos culturalmente. Se reconocerán los derechos territoriales de grupos étnicos y de las territorialidades campesinas.

Estas apuestas regionales son la ruta para cumplir cuatro objetivos superiores: contribuir a la paz total en los territorios, fortalecer la democracia y la participación ciudadana, mitigar los impactos del cambio climático y promover la producción de alimentos en favor de la soberanía alimentaria del país.