La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió postergar este lunes la discusión y votación sobre la ponencia que acusa al presidente de la República, Gustavo Petro, y al exgerente de la campaña del Pacto Histórico 2022, Ricardo Roa, de presuntamente haber superado los límites de financiación establecidos.

La sesión se llevó a cabo en un clima de tensión y preocupación por la seguridad, y comenzó con la solicitud de aplazamiento presentada por la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico). Velásquez, quien apenas se reincorporó a sus labores tras una incapacidad médica, argumentó que necesitaba tiempo para estudiar el expediente.

Como resultado, el análisis de la ponencia, presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, se retomará en 15 días, es decir, el 30 de septiembre. El CNE aceptó la solicitud de Velásquez para revisar detalladamente el expediente.

Además, se informó que, durante la sesión, se radicó una recusación contra los magistrados, pero se concluyó que no cumplía con los requisitos legales. Por lo tanto, se solicitará al autor que realice los ajustes necesarios.

También se rechazó una solicitud de suspensión basada en una petición de nulidad o aclaración presentada por la defensa de la campaña ante el Consejo de Estado, en el marco de una disputa de competencias.

Otro factor que podría alargar el proceso es la posible participación del magistrado Altus Baquero (Partido Liberal). Aunque Baquero fue apartado de su cargo meses atrás por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional lo reinstaló recientemente. Sin embargo, dado que el fallo formal aún no ha sido entregado al CNE, Baquero no participó en la sesión de este lunes. No obstante, Baquero solicitó reintegrarse y estudiar el caso, lo que podría extender aún más el proceso, ya que necesitará tiempo para revisar el expediente, que consta de más de 1.000 páginas de pruebas.

La sesión se desarrolló en un ambiente convulso debido a los recientes ataques del presidente Petro hacia el CNE. Por razones de seguridad, se consideró realizar la sesión en una guarnición militar o un comando de policía.

En este contexto, la defensa de Petro afirmó en una entrevista con Blu Radio que no acatarán una decisión que implique formular cargos contra el presidente, ya que consideran que sería una violación de la ley. El abogado defensor anunció que, de ser necesario, recurrirán a una acción de tutela y medidas cautelares para impugnar la decisión.