Un determinante llamado hizo el Gobierno a los servidores públicos -ordenadores del gasto y supervisores- para que cumplan sin contemplaciones su deber de garantizar transparencia, legalidad e integridad en la contratación de productos y servicios para enfrentar la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.

Mediante circular conjunta, Vicepresidencia de la República, Secretaría de Transparencia, Función Pública y la Agencia de Contratación Pública les advierten sobre responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias durante la emergencia por COVID-19, e imparten recomendaciones de transparencia y lineamientos que deben cumplir a la hora de invertir los recursos del Estado.

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez les recordó que adicionalmente el ordenamiento jurídico exige a todos los servidores públicos “denunciar con inmediatez conductas presuntamente irregulares y delictivas, realizar debida valoración de los riesgos, actuar con total transparencia e integridad y aplicar correcta y cabalmente las disposiciones jurídicas contractuales; acciones indispensables para conjurar cualquier oportunidad que tengan los delincuentes”.

Señaló que  la crisis sanitaria  generada por la pandemia del Coronavirus ha obligado medidas de excepción, y  ha  habilitado mecanismos  para agilizar adquisición de  bienes y servicios, que permitan  reaccionar con prontitud  de cara  a proteger la salud y la vida de los colombianos,  pero , “ello  no puede dar cabida a  hechos de corrupción,  crimen organizado,  lavado de activos,  abusos de poder; ni agilidad para gestionar recursos significa abrir puertas a la corrupción, ni acción u omisión son menos graves que fraude y malversación de fondos”.

Por su parte la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, insistió en que la emergencia sanitaria “no puede ser aprovechada para incumplir la ley, ni para usurpar los dineros públicos. Es nuestra obligación con el país entero, desempeñar la función actuando con transparencia en la ejecución de los dineros públicos y con mayor razón, los destinados a la crisis sanitaria que afecta los más preciados derechos como son la vida y la salud de nuestros compatriotas”.

Las cuatro instancias del Gobierno, se unen para velar por la puntual observancia en época de Pandemia de la ley y la ejecución de las funciones por parte de los representantes legales de todas las entidades públicas colombianas e insisten en que la prevención de irregularidades de orden administrativo y situaciones susceptibles de hechos delictivos en celebración y ejecución de contratos, fortalecen los mandatos institucionales e incrementan la confianza ciudadana. 

“No se pueden ceder espacios ante la situación de emergencia y todos los ordenadores del gasto público y los supervisores deben garantizar adecuada gestión contractual, entrega de productos y/o la prestación de los servicios en esta emergencia”.   Asimismo -señalan- la celeridad e inmediatez requerida para obtener los bienes o servicios necesarios para enfrentar la crisis, “exigen el cabal cumplimiento de los principios de la contratación pública”.

La Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública presentan un catálogo de advertencias y recomendaciones para que servidores públicos, ordenadores del gasto, eviten responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias durante la declaratoria de emergencia.

Fernando Grillo director del Departamento Administrativo de la Función Pública señala que “Hoy más que nunca los servidores públicos debemos dar ejemplo de transparencia en nuestras gestiones y permitir a los ciudadanos vigilar la adecuada ejecución de los recursos públicos, por eso la circular también orienta a las entidades sobre cómo permitir el control social y habilitar múltiples canales para ello”.

El documento señala las disposiciones que deben aplicarse  en  las diferentes etapas de contratación,  que resume en  cinco puntos: la normatividad aplicable en la contratación pública, medidas de transparencia para la contratación pública de bienes y servicios; lineamientos en materia de gestión de riesgos de corrupción y de integridad pública; acciones de promoción de la transparencia; el acceso a la información y la rendición de cuentas y finalmente el seguimiento y monitoreo de la gestión en el marco del Sistema de Control Interno.

La circular insiste en el imperativo de aplicar las normas que rigen al amparo de la Declaratoria de Emergencia Económica y Social, enunciadas en la “Guía de Transparencia en la Contratación Estatal Durante la Pandemia del COVID-19”, editada por Colombia Compra Eficiente.

Reafirma que los contratos para compras de bienes y servicios deben guardar directa relación con la mitigación de la pandemia, y realizarse teniendo en cuenta los precios del mercado para lo cual es necesario estructurar un estudio de trazabilidad de precios. Así como hacer minucioso seguimiento a la calidad de los productos, servicios y a la entrega de los mismos.

Enfatiza que la urgencia no significa incumplimiento de la ley y en la obligatoriedad de cumplir el principio de publicidad de contratación, conforme a los requisitos legales; soportar jurídicamente las decisiones, hacer uso de las plataformas e instrumentos de la Agencia Nacional de Contratación, e igualmente es importante identificar al beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar su identidad, entre otras.  Hace igualmente un juicioso y detallado método sobre la forma adecuada de adelantar contrataciones de urgencia manifiesta, y el buen uso de los recursos públicos destinado a mitigar los efectos de la pandemia.

Para el fortalecimiento de la transparencia a través del control ciudadano, se insta a los funcionarios encargados de la contratación a establecer mecanismos y canales de comunicación con la comunidad para que conozcan sobre las acciones a realizar, los procesos de seguimiento, el monitoreo de los contratos y a incentivar los procesos de denuncia.

Finalmente, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública y  reafirmaron que están disponibles y preparadas para orientar a servidores y contratistas en la adecuada gestión de los recursos estatales.