La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo (2018 – 2022) y Javier Pava Sánchez (2022 – 2023), así como al subdirector de Manejo de Desastres, Ariel Enrique Zambrano Meza (2020 – 2022), por incumplimiento en la prevención y manejo de la emergencia causada por el rompimiento del jarillón ‘Caregato’, en la zona de La Mojana, Bolívar.

El órgano de control señaló que se presentó una falta de gestión tanto en lo preventivo como en la respuesta dada a la emergencia, ocurrida el 27 de agosto de 2021, pues la UNGRD conoció desde abril de 2017 que el Jarillón presentaba un alto riesgo de colapso, y solo cuatro años después, en marzo de 2021, solicitó la asignación de recursos para intervenir ese sector.

Para el Ministerio Público, esa situación “demuestra falta de previsión y planeación, pues la entidad debía no solo contar con los recursos suficientes para atender la prevención del riesgo y el manejo de los desastres en general, sino también para atender lo ocurrido en el sector de Caregato, que continúa hoy en día, dado que se le habían asignado recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones”. 

Sobre el manejo de la emergencia, la Procuraduría señaló que no fueron contratadas las obras complementarias de dragado en el sector, las cuales se requerían para garantizar la integridad y estabilidad de los trabajos de emergencia que se adelantaba para cerrar la parte del Jarillón colapsada, y de esa manera controlar la erosión e inundación en La Mojana.

Igualmente, indicó que los contratos firmados para atender la emergencia fueron suscritos sin verificar la dimensión de las obras que se requerían para cerrar el Jarillón, así como tampoco se habrían considerado de manera suficiente las condiciones meteorológicas de la época, ni se analizaron las obras complementarias necesarias, “lo que hizo que resultaran insuficientes, ineficaces e ineficientes para lograr su objeto”.   

Por esos hechos, la Procuraduría señaló que los investigados habrían vulnerado los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad, entre otros, y formuló tres cargos disciplinarios contra González Ángulo; dos contra Zambrano Meza, y uno contra Pava Sánchez. En los tres casos, sus aparentes conductas fueron calificadas como faltas graves, cometidas a título de falta grave.