Luego de su aprobación en diciembre de 2023 en la Cámara de Representantes, el Senado sigue a la espera de su debate. A pesar de que nueve senadores presentaron una solicitud de archivo al proyecto de Ley en la Comisión Séptima del Senado, la semana pasada fue radicada una ponencia alternativa que se debatirá mañana. 

Entre tanto, el Ministerio de Hacienda publicó un documento que presenta algunas consideraciones en torno a la reforma. 

Según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, el principal problema del Sistema de Salud es el financiamiento. 

El déficit acumulado entre 2021 y 2023  equivale a $9,7 billones por concepto de UPC ($5,1 billones) y Presupuestos Máximos ($4,6 billones). 

Asimismo, según las estimaciones, para el 2024 la necesidad de recursos asciende a $44,6 billones y el Presupuesto General de la Nación, diga en $35,3 billones el monto para el aseguramiento en salud, lo que deja sin cubrir un monto cercano a $9,3 billones. En esa línea, uno de los principales limitantes de recursos es la evolución de la UPC. 

A juicio del centro de estudios económicos, si se analiza su crecimiento real, se evidencia una caída durante los últimos años. Lo anterior representa un problema pues el crecimiento de la UPC no responde a la mayor demanda de servicios de salud que incrementó particularmente luego de la pandemia, al cambio demográfico y al aumento de morbilidades que padece la población.

La Procuraduría ya había alertado sobre este problema a finales del 2023 e hizo un llamado para revisar la metodología del cálculo de la UPC, así como evaluar posibles inconsistencias en los valores declarados. 

A esto se le suma el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el cual se le ordenó al Ministerio de Salud el pago de la totalidad de los recursos aprobados con el Acuerdo del Punto Final. 

Con lo anterior, se resalta que el sistema de salud se enfrenta a un problema de liquidez que debe ser resuelto mediante una reforma que ataque estos problemas y no una que imponga mayores presiones de gasto.

Impacto fiscal de la reforma

Desde hace un tiempo, varios actores, entre ellos ANIF, han reiterado la necesidad de conocer un aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda que valide la viabilidad financiera del proyecto. 

En marzo, el Ministerio envió al Senado el documento que presenta los ingresos y gastos que se proyectan hasta el 2033. 

Sin embargo, el documento no constituye un aval fiscal, pues al final concluye que el flujo de gastos debe analizarse en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, y lo más preocupante, que “…(debe haber) un recorte de gastos de funcionamiento e inversión del Gobierno Nacional en otros rubros que sirva exactamente como fuente de financiamiento a los costos fiscales referidos”.

Eso sugiere que el proyecto no cuenta con el visto bueno de esta cartera y que no dispone de recursos que respalden su ejecución.

El documento incorpora cuatro fuentes que han existido desde la creación del Sistema. En lo que respecta a la mayor bolsa de financiamiento, el Presupuesto General de la Nación, conforme a las proyecciones del MFMP y de los ajustes realizados en diciembre, mencionan que se deben adicionar $2,5 billones para garantizar el cierre financiero de $5 billones para la vigencia de 2024. 

En segundo lugar, se encuentran las cotizaciones. En la actualización del Plan financiero de 2024 y los supuestos macroeconómicos que adopta el PGN para 2025, se estiman $32,4 billones enmarcados en la ejecución presupuestal de la ADRES para el año en curso. 

Por su parte, se proyectan los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, con base en el Marco de Gasto de Mediano Plazo, consecuente con los ingresos proyectados de la ADRES a inicios de año.

Para la proyección de los siguientes 10 años, para el rubro de otras fuentes, donde se encuentra el SOAT, el Ministerio tuvo en cuenta el crecimiento del parque automotor. 

Para los aportes por Caja de compensación incluyeron los ocupados, afiliados a las cajas y el Ingreso Base Cotización. En los otros ingresos, se basaron en las proyecciones de los ingresos corrientes y de capital de la ADRES para esta vigencia.

Costos

En lo que respecta al costo de la Reforma, se ve un panorama aún más difuso. Para ANIF, el análisis se divide en tres los gastos: directos, indirectos, administrativos. Los primeros son los que tienen una mayor participación y que en vez de disminuir, aumentan en más de 2 puntos porcentuales su participación durante la ventana de estudio (93,2% en 2025 vs. 95,8% en 2033).

Los gastos directos o los relacionados a la reforma, destacan la atención primaria en salud, atención de mediana y alta complejidad, fortalecimiento de la red pública, y el Sistema General de Participaciones de las entidades territoriales.

La atención primaria en los primeros tres años de implementación tiene un costo acumulado de $64 billones, con variaciones anuales promedio del 15,3%, cifra que disminuye a 2,6% para el periodo de 2028-2033, correspondiente a un monto total que asciende a los $182 billones. 

Aunque este nivel de atención es el priorizado en la propuesta del Gobierno, son los servicios de mediana y alta complejidad los que tienen un mayor costo asociado y los que incorporan más tecnología, al considerar su naturaleza. 

No obstante, estos crecen a una menor tasa que el envejecimiento de la población, la incidencia de enfermedades no transmisibles y la generación de equipos nuevos con mejor tecnología, lo que carece de sentido. 

Otro renglón que llama la atención es que, al estar subestimado, si se pretende que el sistema sea unificado e interoperable, el Ministerio subvalora los costos asociados a la instalación, capacitación y mantenimiento de este nuevo esquema de manejo de información.