El sistema de salud colombiano ha colapsado. Se encuentra en un punto de no retorno y la quiebra es inminente. De 2021 a 2023, las pérdidas de las EPS son de 5 billones de pesos, y a ellas será necesario sumar 4,2 billones que perderán en 2024, según las proyecciones más optimistas. Las pérdidas totales del sistema sumarán más de 14 billones de pesos al finalizar el año.

Según la organización Pacientes Colombia, la aceleración de la crisis refleja que se está presentando el efecto de una bola de nieve. Al seguir aumentando su tamaño y velocidad, seguirá llevándose por delante no solo a las aseguradoras, sino también a clínicas, hospitales, industria de medicamentos y, lo peor, a los usuarios y pacientes.

El análisis de la organización señala que la situación de empresas emblemáticas es diciente. Mientras que Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país, reconoció pérdidas en 2023 y volverá a tenerlas por un valor estimado de 1,7 billones en 2024, el gestor farmacéutico Audifarma también se encuentra al borde de la quiebra.

A juicio de Pacientes Colombia, el sistema de salud se derrumba en medio de discusiones estériles sobre un articulado inviable de reforma a la salud y de pugnas políticas ajenas a las necesidades reales de pacientes y usuarios. La realidad indiscutible es que a la crisis del pasado, causada por falta de controles a EPS que no gestionan adecuadamente los recursos, a la permisividad frente a patrimonios negativos, a las liquidaciones que dejaron deudas impagas y al traslado, sin los recursos necesarios, de población siniestrada, se suma el negligente cálculo de la UPC de 2024 por parte del Ministerio de Salud, el pago incompleto de recursos por parte de la Adres, la incertidumbre generada por los anuncios oficiales y el incremento en 1,8 millones del número de pacientes de enfermedades de alto costo derivado, entre otros aspectos, de la transición demográfica y epidemiológica.

Como resultado del desdén del Gobierno hacia los asuntos financieros del sistema y por haber antepuesto su ánimo revanchista a las necesidades de los seres humanos, se ha venido agravando la vulneración del goce efectivo del derecho a la salud. Muestra de ello son los datos de la Superintendencia Nacional de Salud, según la cual entre 2022 y 2023 se incrementó en más de 20% el volumen de quejas y reclamos radicados. Ni las EPS intervenidas, bajo el control directo del Gobierno, han honrado sus compromisos con los usuarios.

No toda la responsabilidad es del gobierno actual, pero sí es deber de éste adoptar las medidas a su alcance para evitar el empeoramiento de la situación. Lamentablemente, la pérdida incalculable de años de vida para unos, de vidas para otros, de bienestar por el agravamiento de enfermedades, de puestos de trabajo, además del cierre de servicios y empresas –que termina afectando a seres humanos–, jamás, o si acaso después de muchos años, se recuperarán.

Ante este panorama, usuarios y pacientes de Colombia hacemos un llamado urgente a la Corte Constitucional, al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, a los entes de control y a los demás agentes del sistema de salud para jueguen limpio con el sistema de salud y tomen las decisiones pertinentes a fin de proteger el derecho fundamental a la salud de población colombiana.