La junta directiva del Banco Agrario aprobó este jueves que se le remita a las autoridades pertinentes el informe de su oficial de cumplimiento en torno al manejo que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) les dio a parte de los recursos estatales que se le entregaron para su campaña política.

Dicho informe, revelado en exclusiva por EL TIEMPO el miércoles, plantea varias dudas sobre la manera en que fueron invertidos y justificados al menos 680 millones de pesos, tras un revisión aleatoria de los 5.000 millones que recibió la Farc del Estado.

Las principales inquietudes se concentran en que la plata habría sido triangulada para llegar, a través de unas fundaciones, a manos de Pablo Catatumbo, Iván Márquez y Fabián Ramírez.

Y el informe subraya que los tres aparecen en la llamada Lista Clinton, que prohíbe cualquier tipo de transacción con las personas allí señaladas. Por eso, se acordó remitir los hallazgos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Voceros del partido de la Farc negaron los señalamientos y los atribuyeron a una persecución contra sus dirigentes: “El partido desconoce el informe del Banco que menciona EL TIEMPO. Rechazamos toda estigmatización que se realice contra terceros por generar una relación comercial con el partido”.

EL TIEMPO obtuvo copia de las 14 facturas del muestreo que puso en alerta a la oficial de cumplimiento. Trece de ellas aparecen expedidas por la Fundación para el Bienestar Comunitario y Desarrollo Social Colombiano (Funbicoll), creada en el 2003, con sede en Caquetá y que tiene entre sus actividades la venta al por menor de ropa y la organización de convenciones y eventos.

También hay una a nombre de la Fundación para el Desarrollo Local Comunitario (Fudacomunidad), dedicada a actividades de asistencia social sin alojamiento, consultoría, eventos musicales en vivo, recreativos y la organización de convenciones. También de Caquetá.

Varias irregularidades

Según documentos oficiales, se trata de entidades sin ánimo de lucro que si bien funcionan en Caquetá, tienen alcance nacional. De hecho, aparecen realizando actividades de campaña para candidatos de la Farc en Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla, Florencia, Tumaco y Tolú. 

Pero solo 5 de las facturas están firmadas por los supuestos contratistas y por el contratante. Y en todas ellas aparecen las cédulas de Márquez, Catatumbo y Ramírez que habrían sido subcontratados por las fundaciones para ejecutar los recursos. 

Cabe resaltar que las firmas son ilegibles y ninguna concuerda con las que dos de ellos estamparon en el acuerdo de paz. También registran errores de tipeo y ninguna de las facturas tiene número consecutivo. Y en un caso, la factura es de marzo, pero los servicios se empezaron a prestar en diciembre.

Según los recibos, los eventos se realizaron entre el 2 de febrero y el 9 de marzo de 2018 e iban desde el alquiler de un inmueble en Cali, para la campaña al Senado de Catatumbo, hasta el pago de cuñas radiales en apoyo a Márquez. Para el candidato Fabián Ramírez se rentaron amplificadores de sonido, se alquiló un auditorio y hubo suministro de refrigerios y transporte entre municipios, para un evento “dirigido a la población adulta de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Doncello y El Paujil, Caquetá”.

Indira Maje Chávez, representante legal de Funbicoll dijo que, al parecer, todo se trata de un error de comunicación. Y explicó que su fundación emitió las facturas a nombre de quienes la contrataron (Catatumbo, Márquez y Ramírez): “Cuando uno expide una factura lo hace a nombre de quién a uno lo contrató. ¿Cómo los iba a subcontratar?”. 

Y aunque dijo estar dispuesta a despejar cualquier duda, no volvió a contestar el celular para explicar por qué los recibos no tienen ni número ni firmas, como exige la ley. La otra fundación no respondió. En todo caso, estos interrogantes se los tendrán que despejar al CNE y a la Uiaf.

Tomado de: eltiempo.com