El escándalo de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por indebida administración de bienes incautados a la mafia que fueron repartidos a beneficio de políticos, debe aún las grandes cabezas que orquestaron esta red ilícita. Si bien están en prisión dos exdirectores de la entidad –Carlos Albornoz y Omar Figueroa– y hay testigos contra particulares que en calidad de depositarios se lucraron de los negocios, faltan por ser investigados los congresistas y quienes actuaron como intermediarios. Según la Fiscalía, uno de ellos fue David Francisco Neira Barreto.

Su nombre salió a relucir de nuevo el pasado 17 de agosto cuando la Fiscalía solicitó aprobar un principio de oportunidad en favor de Adolfo Castillo, gerente de Casa Motor, y de Deibin Rojas, contador de esta misma sociedad. Ambos son procesados por usufructuar irregularmente unas estaciones de gasolina en Tolima que estaban en manos de la DNE y habían sido embargadas en 2010. Ante la jueza 32 de control de garantías se presentó el acuerdo que fue negado. El próximo 12 de septiembre se resolverá la apelación.

El Espectador conoció detalles reveladores de esa audiencia que se extendió por dos días. El objetivo era legalizar el principio de oportunidad para Castillo y Rojas, a cambio de entregar información. Además, no serían investigados por peculado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Castillo y Rojas se habían comprometido a ser testigos de cargo contra implicados en el caso, en el que también es procesado el exsubdirector de bienes de la DNE, Luis Fernando Sáchica.

Para la Fiscalía, su colaboración es de vital importancia pues delatar a David Francisco Neira abre la posibilidad de conocer cómo funcionaron las relaciones entre la DNE, el Congreso y algunos de los particulares: “Estos principios (...) nos dan el camino para saber hasta dónde llega la organización criminal, pues los nombres de los políticos están en los medios de comunicación. Una organización criminal es desde el particular que buscaba clientes, el director de la DNE y el político que se benefició de esos negocios a través de familiares y personas cercanas”.

El compromiso de Castillo y Borrero fue entregar los correos electrónicos, las facturas y los movimientos bancarios que dejarían en evidencia la forma como se pagaron $3.000 millones a David Neira y a Eladio Borrero, quienes los habrían contactado en 2010 para que se convirtieran en depositarios de la DNE. Según la Fiscalía, no se recolectaron pruebas de estos pagos en los registros financieros de Casa Motor, pues tanto Neira como Borrero utilizaron familiares, terceros y sociedades para evitar el radar de las autoridades.

La fiscal explicó que los testigos tienen pruebas para evidenciar que mientras Eladio Borrero solicitó que los pagos se le hicieran a cuentas de tres personas de su entera confianza, identificadas como María Gisela Vivas Montealegre, Ingrid Montealegre Murcia y Lina María Borrero, David Francisco Neira lo hizo a través de Intermarcali S.A., una empresa de ventas de carros en Cali y la organización Servimos. Por ejemplo, detalló la fiscal, entre agosto de 2010 y julio de 2011, se hicieron tres giros a Intermarcali por un total de $179 millones para la compra de un Mercedes Benz que finalmente no fue adquirido por Neira.

Según la Fiscalía, Castillo le comentó a Neira que tenía preocupación por los pagos en efectivo a Eladio Borrero y éste le manifestó que los giros por concepto de pagos de comisión de $250 millones, los enviara “a una compañía denominada Servimos”. La Fiscalía recalcó en la audiencia: “con los soportes documentales que ha entregado Rojas se accede a otro flanco: la intervención de la organización Servimos S.A. Se ha podido evidenciar que varios de sus miembros han resultado beneficiados con contratos de arrendamiento y afines sobre bienes administrados por la DNE y, presuntamente, se permitió la utilización del nombre de la empresa para que por su intermedio David francisco Neira y Eladio Borrero recibieran los pagos”.

“Sin la colaboración de Adolfo Castillo no se habría podido establecer la forma en que los particulares al servicio de exfuncionarios de la DNE concretaban las negociaciones ilícitas para acceder a bienes administrados por el Estado (…) Sin la información de Deibin Robinson Rojas es imposible formar un caso en contra de las personas que negociaban de forma ilícita los bienes a cargo del Estado. El hecho de entregar los movimientos bancarios que se dieron para entregar las coimas, da argumentos suficientemente fuertes para lograr condenas a las personas que se asociaron con exfuncionarios de la DNE”, argumentó la fiscal del caso.

Además, agregó que solo a través de ellos se puede acceder a esa información, porque no existen otros medios. “A Adolfo Castillo le constan las reuniones adelantadas y la proposición del negocio ilícito, solo le competen y le constan a él. Quien conservó los soportes de consignaciones, transferencias y correos electrónicos que dan prueba de la materialización de los delitos es el señor Deibin Robinson Rojas”.

Tanto los abogados William Monroy y Jaime Lombana –abogados de Castillo y Rojas, respectivamente– así como la Fiscalía, advirtieron en la audiencia que el logro de estos principios de oportunidad es develar el papel de David Neira, piedra angular en el escándalo de la DNE. Monroy y Lombana aseguraron que él conoce a todos los participantes de este descalabro por que fue el intermediario de los negocios ilícitos. “El nombre de David Francisco Neira ha parecido en diferentes investigaciones, sin poder concretar en ninguna de ellas imputación de algún delito por la falta de elementos probatorios”, puntualizó la Fiscalía.

Desde diciembre de 2010 se conoció el escándalo de la DNE gracias a un informe que entregó la Dijin de la Policía y la Fiscalía, en el que se mencionaba un exfuncionario que dio nombres de políticos, directivos de la DNE y particulares que se lucraron como depositarios de bienes decomisados al narcotráfico. Congresistas de la época como Myriam Paredes, Javier Cáceres, Hernán Andrade, Luis Humberto Gómez Gallo –quien murió en 2013–, Lucero Cortés, Omar Yepes, Eduardo Enrique Maya, Álvaro Ashton, Óscar Fernando Bravo, Héctor Ospina, Miguel Pinedo, Enrique Caballero y Rufino Córdoba resultaron mencionados.

Desde esa época hasta la fecha ninguno de los parlamentarios ha sido investigado formalmente por el escándalo de la DNE. En cambio, al exdirector de la entidad, Omar Figueroa, le avalaron un principio de oportunidad en 2013 y su antecesor, Carlos Albornoz, está en juicio. Ambos están en prisión y mientras el primero se ha acercado a colaborar con la justicia, el segundo ha sostenido que es inocente y su proceso está en etapa de juicio. Sin embargo, los casos por los cuales están siendo procesados son muy específicos y la Fiscalía no ha logrado obtener pruebas que permitan evidenciar la forma en que se repartieron coimas a través de particulares a funcionarios y políticos.

La Fiscalía le pidió al juez de segunda instancia que apruebe los principios de oportunidad, pues de no hacerlo ni las interceptaciones telefónicas que en los últimos meses le han hecho a Neira –en las que al parecer se le escucha hablando de nuevos negocios en la administración de bienes de la mafia– ni los rastreos a los giros que hizo Casa Motor para pagar sobornos se podrán utilizar. “Sin la colaboración de Adolfo Castillo y Deibin Rojas no puedo buscar en la intimidad del señor (David) Neira. Si necesito buscar en cuentas corrientes de Servimos S.A. tampoco podré. Toda la información de cuentas bancarias, sus números y los números telefónicas solo se obtuvieron gracia a la colaboración de Castillo y Rojas”, concluyó la fiscal.

Tomado El Espectador (ver nota original)