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Tribunal Superior ordenó garantizar el transporte escolar a niños de catorce municipios de las zonas rurales

<p>La Defensor&iacute;a Regional del Pueblo interpuso una acci&oacute;n de tutela para amparar a ni&ntilde;os y adolescentes de las zonas rurales , quienes deben desplazarse a sus planteles educativos, los cuales quedan lejos.&nbsp;</p>
14 Jul 2015 - 18:58 COT por Ecos del Combeima

Se trata de estudiantes ubicados en las zonas rurales de 14 municipios de ese departamento, cuyo derecho a la educación estaba siendo vulnerado por la falta de movilidad hacia las escuelas y colegios.

Acogiendo los argumentos de la Defensoría del Pueblo, que en calidad de agente oficioso interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la vida digna y a la educación de 62.521 niños, niñas y adolescentes en el departamento del Tolima, el Tribunal Superior de Ibagué ordenó proveer y garantizar el servicio de transporte escolar para las zonas rurales de 14 municipios en esa región del país.

La acción constitucional, que inicialmente cobijaba a 82 instituciones con 880 sedes en 22 localidades, había sido declarada improcedente por el Juzgado Quinto Penal del Circuito al considerar los requerimientos como un hecho superado, a partir de la respuesta emitida por la Secretaría de Educación Departamental, según la cual la asignación presupuestal para la contratación del servicio ya se había realizado.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo constató que si bien los recursos habían sido aprobados, el servicio seguía sin prestarse y por lo tanto los derechos fundamentales invocados a través de la tutela, seguían siendo vulnerados, particularmente en los municipios de Villarica, Chaparral, Coyaima, Cunday, Espinal, Guamo, Ortega, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, San Antonio y Valle de San Juan.

Tras la impugnación presentada por la Defensoría Regional del Tolima, el Tribunal Superior de Ibagué revocó el fallo de primera instancia y emitió sentencia favorable para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna y a la educación de los niños, niñas y adolescentes de las poblaciones anteriormente mencionadas.

En su decisión, la justicia ordenó a las administraciones municipales coordinar con la Secretaría de Educación Departamental, los planes de acción necesarios para asegurar la prestación del servicio de transporte escolar y garantizar su continuidad permanente.

La Defensoría hará seguimiento de las disposiciones adoptadas para evitar la des escolarización de los estudiantes y lograr que su acceso a clase se cumpla en debida forma.