La procuraduría judicial pidió que se compulse copias para que investiguen al uniformado no solo por el delito de porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, sino por peculado por apropiación y calificó de alcaguete al fiscal por las prevendas que tuvo para con el sargento que sigue  formando parte de la sexta brigada.

La controversia se formó en medio de la audiencia de lectura de sentencia condenatoria contra el sargento segundo Gerardo Erazo Luna, capturado el pasado 13 de octubre, cuando sacaba cinco granadas de 40 milímetros del Cantón Pijao.

En el momento de la audiencia de imputación de cargos, el fiscal Diego Durán inexplicablemente se abstuvo de acusar al uniformado del delito de peculado por apropiación, pese a que estaba adueñándose de bienes del estado, como lo eran los explosivos, pero adicionalmente se negó a solicitarle medida de aseguramiento al suboficial que desde el momento de la detención no quiso decir la verdad.

Al sargento segundo se le acusó simplemente del delito de tráfico, fabricación y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares los cuales aceptó, por eso esta mañana se realizaba la audiencia de lectura de sentencia.

La procuradora judicial Marta Peñaloza intervino en la audiencia y pidió al Juez Segundo penal Especializado del Circuito que impusiera una pena que fuera ejemplar, por considerar que el suboficial Erazo traicionó a la patria y a sus compañeros, porque las granadas pudieron haberlas vendido a organizaciones delincuenciales que atentaran incluso contra el mismo Ejército o fuerza pública.

Por su parte, el juez, dejó en claro durante la audiencia que en efecto compulsara las copias para que investiguen al sargento Erazo por el delito de peculado por apropiación, porque el fiscal que legalizó la captura no tuvo en cuenta que el hombre estaba de permiso y no tenía nada que hacer en el cantón Pijao porque él trabajaba en Melgar, pero adicionalmente, porque en el proceso se dejó constancia que en el momento de la captura el uniformado mintió diciendo que las granadas iban para la brigada móvil 21, pero esta guarnición desmintió la información minutos después de la captura.

Para el juez, el sargento segundo actuó en forma premeditada y con su actuar pudo haberse cometido acciones terroristas no solo en contra la población civil, sino contra sus propios compañeros de las fuerzas militares, por eso ordenó que el militar pase los próximos tres años, tres meses y 19 días en la cárcel, además de que se le destituya del Ejército.