Ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de garantías fueron presentados en audiencias concentradas Andrés Fernando Gutiérrez y Carlos Eduardo Aguilar Vanegas, subintendentes de la Policía Nacional. 

Igualmente, fue presentado un particular identificado como Mauricio Barrero Vásquez, quien sería administrador de uno de los más de 164 puntos de apuestas ilegales instalados. 

Desde el 10 de mayo de 2016, se conoció que en locales comerciales se estarían realizando actividades de apuestas deportivas sin la debida autorización de explotación del monopolio, con lo cual evadían los impuestos destinados a la salud.

Al parecer, el subintendente Gutiérrez, asignado para dirigir la investigación de apuestas deportivas ilegales, se contactó con Alex Eugenio Garzón para llegar a un acuerdo económico y así evitar que fuera vinculado y judicializado, además de mantenerlo al tanto de detalles y avances de la investigación. 

Garzón entregó a la fiscal del caso videos, audios y conversaciones de chat que lo relacionan. 

En audiencia concentrada, la fiscal relató que Gutiérrez desde el inicio de la investigación fungió como líder de esta y por lo tanto tenía acceso al sistema de información SPOA de la Fiscalía, teniendo así la capacidad de reportar las actuaciones a Garzón. 

En total, se presume que recibió $8 millones aproximadamente por estos hechos. La Fiscalía le imputó los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y favorecimiento.

Asimismo, Aguilar Vanegas también habría acordado una remuneración económica con la organización para suministrarle información sobre el proceso. Por esta situación, la Fiscalía le endilgó los delitos de concusión y favorecimiento. 

De Barrero Vásquez se conoció que sería el encargado de pagar las coimas al agente de la Sijín Gutiérrez. En total habría cancelado $3 500 000, por los cuales fue judicializado como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar y ofrecer.

El juez 7º de garantías dictó medida de aseguramiento intramuros a los dos uniformados, mientras que a Barrero Vásquez le concedió la medida domiciliaria.

Por estos mismos hechos fue condenado a 7 años Jimmy Alexánder Rodríguez Pardo, exfiscal  de la Estructura de Apoyo. 

La Fiscalía demostró que el entonces fiscal fue el responsable de filtrar información de la indagación adelantada por el ente acusador —por concierto para delinquir y ejercicio ilícito de la actividad monopolística del arbitrio rentístico— contra Pijaos Sport.