CTI captura a otro de los implicados en el descalabro de los Juegos Nacionales
El CTI de la Fiscalía capturó a otro de los implicados en el descalabro de los Juegos Nacionales. Se trata del arquitecto e ingeniero Mauricio Campos del Cairo quien fue el profesional que adelantó la supervisión del contrato de consultoría 237 con Typsa para el desarrollo de los estudios y diseños de los escenarios deportivos de Ibagué.
Hace unos meses la Procuraduría dio a conocer que los contratos de 2013 y 2014 suscritos por Campos del Cairo, no contemplaban dentro de sus obligaciones y mucho menos en sus objetos contractuales, realizar interventoría a los procesos de estudios y diseños.
Además, como señalaban los pliegos del concurso de méritos por el cual se pretendía contratar la interventoría, el consultor debería registrar en la presentación de la oferta, 25 años de experiencia y una vez analizada la hoja de vida de Campos del Cairo, la experiencia relacionada, desde su graduación como arquitecto al 2013, tan solo se podrían contar siete años y, desde el día 21 de mayo de 2009, fecha en la cual se expidió la tarjeta profesional de ingeniero, se contarían cuatro años.
Para expertos en derecho público no se podía celebrar un contrato de prestación de servicios para ejercer la supervisión por ser contrario a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474, ya que solo puede ser ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.
En su momento la Procuraduría argumentó como un hecho irregular que el mismo 25 de noviembre de 2013 cuando fue adjudicado el contrato de estudios y diseños, se descartó el primer concurso de méritos para contratar la interventoría y se inició el segundo proceso para el mismo trámite, pero en el contrato ya se designaba al contratista como supervisor del mismo.
“Ángel pretendía en los comienzos del proceso de selección entregar la supervisión a un ingeniero designado por el Imdri, y no a la interventoría que se contrataría para el efecto, tal y como lo autorizó el Consejo Directivo”, señala un auto emitido por la Procuraduría.