La Fiscalía continúa su accionar contra los señalados responsables de las irregularidades presentadas en la contratación de las obras para los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015, que se cumplieron en Ibagué, y comprometieron recursos públicos superiores a los 11.500 millones de pesos. 

Personal de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de tropas del Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción de dominio 157 bienes avaluados en 8.500 millones de pesos, registrados a nombre de los implicados en el millonario desfalco y su más cercano círculo familiar. 

Durante las diligencias fueron afectados 12 bienes inmuebles, 20 vehículos, nueve sociedades y 116 cuentas bancarias. En Bogotá e Ibagué las medidas se aplicaron sobre apartamentos y oficinas de la multinacional Typsa y algunas de sus filiales en Colombia, mientras que en Paz de Ariporo y San Luis de Palenque (Casanare), fueron ocupadas tres fincas. 

Llama la atención un exclusivo apartamento ubicado en el sector de El Chicó en el norte de Bogotá, que habría sido pagado con dineros que la empresa española Typsa recibió para la construcción de los escenarios deportivos. La propiedad fue entregada a algunos de los supuestos cómplices de Orlando Arciniegas Lagos, considerado como el principal intermediario para garantizar que la contratación de los Juegos Nacionales fuera entregada a la firma internacional. 

Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, Arciengas Lagos realizó reuniones en ese apartamento para supuestamente pactar asuntos relacionados con la desviación de los dineros públicos y, durante varios meses, fue ocupado por su hija. 

Estas medidas cautelares con fines de extinción de dominio se desarrollan en cumplimiento del plan ‘Bolsillos de Cristal’, dispuesto por la Fiscalía General de la Nación para combatir cualquier expresión de corrupción. Los 157 bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para su administración. 

El escándalo de los Juegos Nacionales. 

La Fiscalía conoció del contrato N° 237 del 25 de noviembre de 2013, en el que fueron acordados los estudios, diseños, adecuación y remodelación de los escenarios deportivos en Ibagué, para los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015. 

La administración municipal de la época incorporó mediante prestación de servicios al abogado Orlando Arciniegas Lagos, para que se encargara de manejar los procedimientos relacionados con la contratación. En las investigaciones la Fiscalía constató que Arciniegas Lagos propició un engranaje de corrupción que buscaba favorecer a la empresa española TYPSA, quien finalmente se quedó con el contrato de obra. 

Pare este fin se realizaron varias maniobras que entorpecieron el proceso contractual y fue diseñado un contrato que benefició a la firma extranjera, que posteriormente habría pagado millonarias dádivas con recursos públicos tomados del anticipo del contrato. Todo el escenario ilícito habría sido auspiciado por intermediarios, supuestos testaferros, funcionarios y representantes de Typsa. 

Los procesados. 

• Orlando Arciniegas Lagos, fue sentenciado a 36 años de cárcel, la condena más alta impuesta en el país por corrupción.  

• Wílmer Manchola Cano, quien servía de puente entre Arciniegas y Typsa, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y se encuentra privado de la libertad, en espera de una condena en su contra. 

• Jorge Orlando Navarrete Laverde, jefe de licitaciones de Typsa, recientemente solicitó a la Fiscalía la negociación de un preacuerdo y aceptó su responsabilidad en el escándalo. 

• Gloria Inés Martínez Acevedo, fue llamada a cargos por lavado de activos, recibió medida de detención domiciliaria y el 5 de agosto de 2016 fue acusada por este delito. Es sindicada de legalizar las dádivas que entregaba Typsa, que internamente eran respaldas por la empresa con facturas y cheques de supuestos pagos hechos a sus contratistas. 

• Carlos Heberto Ángel Torres, ex gerente del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué, ha tenido dos condenas, una de 12 años de cárcel por peculado, y otra de cinco años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. 

• Luis Rodrigo Uribe, gerente de Typsa en Colombia, colabora con la justicia y narró los escenarios de corrupción que presenció al haber sido eje de todas las movidas ilícita.