Alrededor de las 10 de la mañana inició la audiencia en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación de Ibagué en contra de los 16 concejales que tendrán que responder por la supuesta elección y nombramiento irregular de Ramiro Sánchez como contralor de Ibagué para el periodo constitucional 2016-2020, quien al parecer se encontraba inhabilitado para el ejercicio del cargo, pues el mismo habría desempeñado dentro de los 12 meses anteriores a su elección el cargo de director territorial Tolima de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, tiempo durante el cual suscribió varios contratos y convenios con entidades y organismos descentralizados.

A los cabildantes y a sus defensores se les presentó durante la diligencia judicial y fue allí donde el procurador regional Gilles Trujillo confirmó que dentro del proceso se les acusa de tener una culpa grave, la cual acarrea una sanción de inhabilidad del cargo de 1 a 12 meses, dependiendo de la decisión que se tome.

Harold Ríos Tinoco, veedor ciudadano de la ciudad de Ibagué, presentó ante el procurador un documento en el que les imputa nuevos cargos a los concejales, afirmando que durante el proceso de elección del contralor se cambiaron las reglas del juego y por esto hubo irregularidades en la elección. Si esto llegara a tomarse en cuenta, la culpa grave pasaría a un dolo o a falta gravísima, en donde los cabildantes ya no tendrían una sanción, sino serían destituidos de sus cargos.

Los defensores de los acusados, al ver este documento, se pronunciaron y afirmaron que hay nulidad en esa petición presentada. Jorge Segovia, quien representa a siete de los concejales y tomó el lugar de Manuel Eduardo Marín Santoyo, antiguo representante legal de estos, se pronunció e indicó que el documento no es válido y no debe ser tomado en cuenta, pues la audiencia era para determinar si la elección del contralor era válida por su inhabilidad, mas no para determinar si hubo irregularidades en el proceso de elección.

Por otra parte, el abogado defensor de la concejal Hasbleidy Morales indicó al procurador que al iniciar la investigación se tenían dos procesos juntos que debían resolverse al tiempo, en este caso, el de la Personería que ya fue resuelto y el de la Contraloría que actualmente se lleva a cabo. También afirmó que existe una sentencia en el departamento del Huila que tiene el mismo procedimiento y falló a favor de los concejales y por esto debe ser tomada en cuenta.

Hay que recordar que los concejales implicados en este proceso son Víctor Julio Ariza Loaiza, Juan Evangelista Ávila Sánchez, Jorge Luciano Bolívar Torres, Carlos Andrés Castro León, Camilo Ernesto Delgado Herrera, Víctor Hugo Gracia Contreras, Harold Oswaldo Lopera Rodríguez, Hasbleidy Morales Lozano, Ernesto Ortiz Aguilar, Linda Esperanza Perdomo Ramírez, Carlos Andrés Portela Calderón, Humberto Quintero García, Marco Tulio Quiroga Mendieta, Flavio William Rosas Jurado, Oswaldo Rubio Martínez y William Santiago Molina.

Luego de la petición de los defensores de aplazar la audiencia, el procurador Gilles Trujillo decidió hacerlo sin fijar aun fecha para la siguiente diligencia.