La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, puso en evidencia a una red delictiva dedicada a la explotación ilícita de oro que, mediante la utilización de maquinaria pesada y el vertimiento de sustancias tóxicas estaría generando contaminación a los ríos Nechí y Cauca; y deteriorando el suelo, la flora y la fauna en una vasta zona del Bajo Cauca antioqueño.

Los elementos de prueba dan cuenta de que dos gigantescas dragas recorrían las dos fuentes hídricas con el apoyo de excavadoras. Durante determinados periodos se instalaban en inmediaciones de Nechí, Caucasia y El Bagre, donde removían indiscriminadamente la tierra y el agua en busca del metal precioso.

En diligencias realizadas en Caucasia, Nechí y El Bagre (Antioquia), fueron capturados seis de los señalados integrantes de la organización, entre ellos el presunto máximo articulador, identificado como José Manuel Rada Medina. Este hombre sería el propietario de la maquinaria utilizada para la actividad ilícita y de una empresa cuya razón social permitía la explotación, comercialización y exportación de oro y platino.

Los otros detenidos son: John Mario Agudelo Rada y Juan Miguel Rada Navarro, presuntos responsables de los frentes de explotación ilícita; el ciudadano brasileño Flavio Ferreira Da Silva, quien sería uno de los promotores logísticos por su conocimiento del funcionamiento y mantenimiento de las dragas; Durley Alejandra Almanza Hinestroza, señalada contadora de la estructura; y Marlon Arley García Contreras, inspector de policía de Nechí, quien presuntamente, sin un debido control, devolvía a sus propietarios la maquinaria que le dejada a disposición la fuerza pública producto de las acciones en contra de la denominada minería.

Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a estas personas, según su posible participación en los hechos, los delitos de:

• Concierto para delinquir agravado.
• Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.
• Invasión de áreas de especial importancia ecológica.
• Financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica.
• Daño en los recursos naturales y ecocidio.
• Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.

Adicionalmente, el inspector de policía fue imputado por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Por disposición de un juez de control de garantías de Caucasia (Antioquia), los investigados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.