La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acaba de dictar medida de aseguramiento y de ordenar la captura de su expresidente, José Leonidas Bustos, por el denominado Cartel de la Toga.

La corte le atribuyó en consecuencia los siguientes delitos: concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público por hacer parte de un entramado ilegal dedicado a torcer procesos judiciales a cambio de millonarias coimas de dinero, en la época en que Bustos era magistrado de la Sala Penal del alto tribunal.

“A partir del análisis dogmático de los tipos penales de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público y de algunos elementos probatorios testimoniales e indiciarios la acusación concluyó probado que JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ se concertó con otras personas con el fin de abordar congresistas procesados por la Corte para ofrecerles decisiones contrarias a derecho a cambio de cuantiosas sumas dinerarias”: dice el acta emitida por la corte.

Según el condenado exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, señaló que le entregó a Bustos 200 millones de pesos que le correspondían a una parte del anticipo de 600.000.000 recibido del congresista Álvaro Ahston, quien estaba siendo procesado por parapolítica. 

Además, el testimonio de Yeison Ricardo Perez, un empleado de la joyería Cartier del Centro Comercial Andino, indicó que Moreno Rivera, en una oportunidad fue acompañado de un "señor calvo" a quien llamaba "profe" que posteriormente pudo identificar como Bustos, y adquirió un reloj Cartier por 42.969.977 millones de pesos.

“Los actos de corrupción por los que se acusó a JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ no solo tuvieron lugar precisamente durante el periodo en que ejerció la máxima magistratura de la jurisdicción penal, sino que en su ejecución media el aprovechamiento indebido de información privilegiada a la que tenía acceso por razón de sus funciones constitucionales y legales, pervirtiendo así no solo el ejercicio de la alta dignidad en beneficio propio y de terceros con posibilidad de pagar las altas sumas de dinero exigidas, sino sometiendo la función jurisdiccional a mezquinos intereses personales en menoscabo del Estado de derecho.”, expresa el documento de la Corte.