La Fiscalía General de la Nación desarticuló una presunta estructura dedicada al lavado de activos mediante exportaciones ficticias de productos agrícolas, una maniobra que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito. Por estos hechos fueron capturadas siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De acuerdo con la investigación, cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados figuraban como exportados hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, en Nariño, aunque las mercancías nunca habrían cruzado la frontera. Las operaciones se habrían registrado entre 2020 y 2023 para hacer pasar recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú como pagos por supuestas ventas al exterior.

En el entramado presuntamente participaban cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras aparecían como responsables de las exportaciones, mientras que la segunda tramitaba las declaraciones y documentos que respaldaban las operaciones. Entretanto, funcionarios de la DIAN en Ipiales habrían certificado falsamente la salida de los productos del territorio nacional.

Las capturas se realizaron en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño, mediante diligencias adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional. Entre los detenidos están Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales, así como Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales.

Los siete procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas, además de falsedad ideológica en documento público. La autoridad judicial impartió legalidad a los procedimientos de captura.

Finalmente, la Fiscalía remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre los bienes y activos relacionados con las actividades investigadas. El proceso busca establecer las responsabilidades individuales de los implicados y esclarecer el alcance de la presunta operación financiera ilegal.