Un nuevo golpe contra las economías ilegales se registró en el sur del Tolima, donde tropas del Ejército Nacional inhabilitaron dos unidades de producción minera que, según información de inteligencia militar, estarían relacionadas con el financiamiento de un grupo armado organizado residual. La operación se desarrolló en la vereda Guaipa, zona rural del municipio de Ortega.

En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, adscrito a la Sexta Brigada, junto con integrantes de la Brigada Contra la Minería Ilegal. El objetivo era contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros y afectar las actividades que generan recursos para estructuras armadas ilegales.

Durante la intervención, los uniformados inhabilitaron una excavadora, una clasificadora, un motor Cummins y una motobomba. También fueron encontrados 600 galones de combustible y 300 metros de manguera de tres pulgadas, elementos utilizados en las labores de extracción y procesamiento minero.

Según el balance entregado por el Ejército, la maquinaria y los equipos representan una afectación económica estimada en $620 millones. A esta cifra se suma el valor de la producción de oro que, de acuerdo con las estimaciones militares, se habría dejado de obtener.

Las autoridades calcularon que las dos unidades podrían producir aproximadamente tres kilogramos de oro al mes, con un valor estimado de $1.560 millones. De esta manera, el resultado de la operación representaría una afectación total superior a $2.180 millones para las economías ilegales.

De acuerdo con información de inteligencia militar, los elementos intervenidos pertenecerían al grupo armado organizado residual, facción de alias Iván Mordisco, Bloque Central Isaías Pardo, Comisión Gerónimo Galeano. Esta estructura ha sido señalada de utilizar la minería ilegal como fuente de financiación en el sur del departamento.

La explotación ilícita de oro no solo representa una fuente de ingresos para quienes la desarrollan, sino que también puede ocasionar daños ambientales por la intervención de terrenos, la alteración de cauces y el uso inadecuado de combustibles y otros elementos en zonas naturales.

Por esta razón, las operaciones militares buscan frenar tanto la actividad extractiva sin autorización como las posibles fuentes de financiación de los grupos armados que operan en la región. La inhabilitación de las unidades mineras pretende impedir que la maquinaria continúe siendo utilizada para estas actividades.

La Sexta Brigada señaló que continuará desarrollando acciones contra los factores de inestabilidad en el departamento, con énfasis en la protección de los recursos hídricos, la fauna y la flora, además de la afectación de las economías ilegales.

Con este resultado en Ortega, las autoridades militares reportaron un nuevo golpe contra la explotación ilícita de oro en el Tolima. No obstante, la información sobre la presunta propiedad de los equipos y su relación con la estructura armada corresponde a los reportes de inteligencia militar y deberá entenderse en ese contexto.