La defensa de Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional de Riesgo y de Desastres, UNGRD, rechazó la decisión adoptada por la Dirección General del INPEC, que ordenó su traslado desde el Centro de Reclusión Militar del Cantón Militar Caldas al Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá “La Picota”.

Según el buffet de abogados que representa a López “No se trata de un traslado ordinario. La decisión afecta a uno de los principales testigos y colaboradores de la Fiscalía dentro de las investigaciones derivadas del caso UNGRD y desconoce antecedentes judiciales y de seguridad expresamente documentados”.

Indica la firma Muva Legal que el 31 de agosto de 2024, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó que la medida de aseguramiento impuesta a Olmedo López fuera cumplida en el Cantón Militar Caldas y expidió la Boleta de Detención 086 dirigida específicamente a ese establecimiento. Esta determinación respondió a las condiciones de riesgo y a la necesidad de proteger su vida e integridad.

Más recientemente, el 16 de septiembre de 2026, la Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reconoció que el riesgo de Olmedo López se incrementó como consecuencia de su colaboración con la justicia y señaló que las circunstancias que justificaron su permanencia en una guarnición militar no habían variado. Ese mismo día, la Fiscalía solicitó expresamente a la Dirección de Centros de Reclusión Militar del Ejército Nacional que Olmedo López no fuera trasladado.

Además, el 3 de octubre de 2026, la Fiscalía certificó que será solicitado como testigo de cargo en dos investigaciones, en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro de su principio de oportunidad.

Pese a estos antecedentes, la Resolución 008041 se limita a invocar razones generales de seguridad y mejores condiciones en el establecimiento de destino, sin explicar cómo se valoró el riesgo específico de Olmedo López, qué circunstancias cambiaron, por qué se desatendió la solicitud expresa de la Fiscalía ni cómo La Picota garantizaría su seguridad frente a personas o intereses afectados por sus declaraciones.

A la fecha, la defensa tampoco conoce una decisión judicial posterior que haya modificado la orden emitida por el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

El abogado José Moreno Caballero, quien es el titular de la defensa del exdirector de la UNGRD, señaló que “La facultad administrativa del INPEC para disponer traslados no es absoluta. Debe ejercerse respetando las decisiones judiciales y garantizando la vida e integridad de las personas privadas de la libertad. Mientras la orden judicial no sea aclarada o modificada por el juez competente, ejecutar el traslado podría configurar su incumplimiento y comprometer la responsabilidad de quienes autoricen o materialicen la decisión, asunto cuya determinación corresponderá a las autoridades competentes”.

Desde este momento, indica un comunicado de Muva Legal,  la defensa deja expresa constancia de que hace responsables a quienes ordenen, autoricen o ejecuten este traslado por cualquier afectación que pueda sufrir la vida o integridad personal de Olmedo López o de los miembros de su familia, frente a los riesgos que han sido advertidos oportunamente y puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

Exigencias

Por esta razón, la defensa solicita la intervención preventiva e inmediata de la Procuraduría General de la Nación y requiere:

⦁ Suspender inmediatamente los efectos de la Resolución 008041 respecto de Olmedo López.

⦁ Abstenerse de ejecutar el traslado hasta que el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías determine la vigencia y alcance de su orden.

⦁ Mantener a Olmedo López en el Cantón Militar Caldas mientras se produce dicho pronunciamiento y se garantizan plenamente su vida, integridad y seguridad.

Olmedo López ha suministrado información, documentos y declaraciones sobre decenas de personas y continúa obligado a comparecer como testigo dentro de procesos judiciales en curso. Poner en riesgo su seguridad no solo compromete su vida e integridad: también puede afectar la continuidad de su colaboración, las investigaciones que se encuentran en marcha y el derecho del país a conocer la verdad.

Resulta contradictorio promover el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración para esclarecer las cadenas de corrupción y, al mismo tiempo, debilitar las garantías de quien viene colaborando eficazmente con la justicia, señala Moreno.

“La defensa acudirá de manera inmediata ante las autoridades judiciales y los organismos de control para impedir que se ejecute una decisión que pueda poner en riesgo la vida de Olmedo López y la continuidad de su colaboración con la justicia”, concluyó el letrado.