Labores investigativas adelantadas por servidores del CTI de la Seccional Tolima, evidenciaron que varias personas que trabajaban en la Fundación Peces Vivos sometían a varios menores de edad con discapacidad y condiciones especiales a toda clase de maltratos crueles e inhumanos. Por este caso la Fiscalía ha logrado la condena de dos personas, entre ellas la exdefensora pública.

Al respecto, se tiene información relacionada con espacios de tiempo durante los cuales las víctimas eran amarradas por días o les eran negada la alimentación, todo por no acatar las órdenes que les eran impartidas.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez condenara a Kelly Tatiana Vergara Ramírez 2 años y 8 meses de prisión, por hechos ocurridos entre abril y mayo de 2017 cuando esta mujer se desempeñaba como defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para esa época, Vergara Ramírez tenía a cargo el seguimiento al restablecimiento de los derechos de dos menores internos en una fundación de Ibagué, donde se atendía población con discapacidad, y donde se comprobó que varios niños fueron víctimas de crueles tratos.

Se demostró que la servidora pública omitió un acto propio de su cargo que consistía en “adelantar de oficio las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas, los y las adolescentes, cuando tuvieran información sobre vulneración o amenaza”.

En varias oportunidades fue informada la entonces defensora de lo que ocurría dentro de dicha fundación solicitándole abogados y familiares de las víctimas que actuara para impedir esas prácticas. Sin embargo, Vergara Ramírez nunca lo hizo, siendo su función legal y constitucional.

Labores investigativas adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Tolima, evidenciaron que varias personas que trabajaban en la fundación a por lo menos 40 menores de edad con discapacidad y condiciones especiales, a toda clase de maltratos crueles e inhumanos.

La exdefensora fue condenada por ser responsable del delito de prevaricato por omisión. La
pena deberá cumplirla en centro carcelario. El juez también la condenó a pagar una multa de 13,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.