El caso de María Camila Martínez, la agente de tránsito de Ibagué que denunció haber sido agredida físicamente mientras cumplía con sus funciones, tomó un nuevo rumbo en los estrados judiciales. Un bufete de abogados encabezado por el exministro de Justicia Wilson Ruiz anunció que asumirá la representación jurídica del proceso.

La decisión fue comunicada por el propio Ruiz a través de un video, en el que recordó el episodio y aseguró que su firma acompañará el caso al considerar que se trata de una situación relacionada con violencia contra un servidor público. El abogado Manuel Villanueva será quien adelante directamente la representación jurídica.

Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron el 4 de septiembre de 2026, cuando Martínez recibió una comunicación de la central de radio para desplazarse hasta las instalaciones de la Clínica Avidanti. Allí se adelantaba un procedimiento relacionado con vehículos que, según explicó, estaban estacionados de manera que dificultaban el ingreso y salida de automotores de emergencia.

De acuerdo con el relato de la funcionaria, después de la llegada de una grúa comenzó a realizar comparendos educativos a algunos conductores. Entre las personas requeridas se encontraba la mujer que posteriormente habría protagonizado la agresión denunciada por la agente.

Martínez aseguró que, al solicitarle la documentación y explicarle el procedimiento que iba a realizar, la ciudadana habría reaccionado de manera violenta. Según su testimonio, la mujer comenzó a golpearla en el rostro y le provocó una lesión en la boca.

La agente también manifestó que intentó apartarse y controlar la situación, pero, según su versión, los ataques habrían continuado. Además, aseguró haber recibido amenazas durante el episodio, situación que incrementó su preocupación por lo que pudiera ocurrir posteriormente.

Con la llegada del nuevo equipo jurídico, el caso entra ahora en una nueva etapa. La firma señaló que buscará que se esclarezcan las circunstancias de la agresión y que, si las autoridades encuentran responsabilidad penal, la señalada responda ante la justicia conforme a la ley.

El episodio también reabre el debate sobre las condiciones de seguridad de los agentes de tránsito durante los procedimientos en las calles de Ibagué. Mientras el proceso continúa, serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades de la persona señalada por la funcionaria.