Un soldado del Batallón de Infantería Liviana No. 18 ‘Coronel Jaime Rooke’, en el Tolima, terminó condenado por la justicia penal militar luego de sustraer un fusil de las instalaciones militares y venderlo por 7 millones de pesos.

El caso se remonta a mayo de 2026, cuando el uniformado se encontraba cumpliendo funciones como centinela. Según la investigación, durante la noche habría abandonado de manera clandestina su puesto y aprovechado que uno de sus compañeros dormía para tomar el arma que tenía asignada.

Se trataba de un fusil Galil AR calibre 5.56 milímetros, armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Después de sacar el arma de la instalación, el soldado habría llegado hasta uno de los accesos de la unidad militar, donde entregó el fusil a un tercero y recibió a cambio 7 millones de pesos.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía 2201 de Conocimiento Especializado Penal Militar y Policial, que logró establecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción y posterior comercialización del material de guerra.

Para la justicia, el uniformado tenía conocimiento de la gravedad de sus actos y de las restricciones relacionadas con la tenencia y comercialización de este tipo de armamento.

Finalmente, el Juzgado 1204 de Conocimiento Especializado Penal Militar y Policial lo declaró responsable y le impuso una pena de 46 meses de prisión por los delitos de hurto de armas y bienes de defensa, en concurso heterogéneo con el delito de centinela.

Además de la pena de prisión, el soldado recibió como sanciones accesorias la separación absoluta de la Fuerza Pública y la interdicción de derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.

El caso deja nuevamente bajo la lupa los controles sobre el armamento asignado a los integrantes de la Fuerza Pública y las consecuencias penales que pueden enfrentar quienes permitan que material de guerra termine fuera de las instituciones militares.