Hace pocas horas se conoció que ante la Corte Suprema de Justicia, un exgobernador fue imputado por el presunto pago de dineros con el fin de que no avanzara una investigación que reposaba en su contra, presuntamente vinculados en actos de corrupción.

Las autoridades identificaron al funcionario como Juan Carlos Abadía Campo, quien fue gobernador de Valle del Cauca en el periodo 2008 – 2011. Así las cosas, los elementos materiales probatorios, indican que el exmandatario, al parecer, recurrió inicialmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez quien llevaba el caso.

De esta manera, Abadía Campo, contrató al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera en el año 2014, con el fin de llevar a cabo dicho proceso penal que se seguía en una Fiscalía delegada ante el Alto Tribunal por presuntas irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el departamento.

Además, el exgobernador habría pagado para que las investigaciones que adelantaba el ente acusador en su contra fueran archivadas o retardadas, además que al parecer, según los investigadores, buscaba que no se formulara imputación ni se pidiera medida de aseguramiento con el fin de dilatar el avance del proceso.

De acuerdo con lo indicado por la Fiscalía, el exmandatario, al parecer, entregó 400 millones al abogado Moreno Rivera, dinero que fue direccionado al hoy condenado Francisco Ricaurte.

Finalmente, por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Juan Carlos Abadía Campo, el delito de cohecho por dar u ofrecer, cargo que no fue aceptado por el imputado.